La Consejería Justicia destinará 300.000 euros en la puesta en marcha del nuevo juzgado de lo Mercantil

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria invertirá 300.000 euros a la puesta en marcha del juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander. La mayoría de este presupuesto irá destinado a la incorporación de los ocho funcionarios que desempeñarán su labor en el nuevo órgano judicial, que apoyarán la labor del juez y el letrado de la Administración de Justicia.

La consejera de Justicia, Paula Fernández, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, han visitado hoy las dependencias judiciales del Edificio Europa, donde estará ubicado el nuevo juzgado, y que entrará en funcionamiento el próximo 31 de diciembre.

Según ha explicado la consejera de Justicia, el Ejecutivo ya tiene dispuesto la adecuación de las instalaciones, así como el mobiliario y el equipamiento informático necesarios para el órgano judicial, que aliviará la sobrecarga de trabajo de la jurisdicción mercantil, cuyos procedimientos, según ha apuntado Fernández Viaña, “son largos y complejos”, y Cantabria contaba con un único órgano judicial para toda la Comunidad.

Además, ha valorado la centralización en un mismo emplazamiento de los dos juzgados de lo Mercantil con los que contará ahora Cantabria, dentro de la ejecución del Plan de reordenación de sedes judiciales que ha llevado a cabo en esta legislatura el Gobierno de Cantabria.

“Estamos trabajando para dar soluciones y garantizar un mejor servicio público de la justicia”, ha declarado la consejera, quien ha recordado que el Gobierno cántabro está realizando inversiones “sin precedentes” en medios tecnológicos con ayuda de los fondos europeos de recuperación.

Y es que, como ha apuntado Fernández Viaña, Cantabria tendrá licitados o adjudicados en marzo el 60 por ciento de los 7 millones de euros del fondo de recuperación europeo. A esto se añade los 10 millones de euros adicionales que recibirán las comunidades autónomas que comparten sistema informático de gestión procesal, que, junto a Cantabria, son Navarra, País Vasco y Aragón.

Entre los proyectos de digitalización de la justicia ya lanzados por el Gobierno cántabro, destacan la adquisición de equipos informáticos, conexiones inalámbricas en las sedes judiciales y equipos de videocomunicación, así como otras actuaciones destinadas a la digitalización de la totalidad de los registros civiles para transformar en soporte electrónico los libros, unos 1.600 que se encuentran en los municipios.