El Colegio de Abogados valora el plan de reordenación de las sedes judiciales en Santander y las últimas mejoras en el sistema de gestión procesal

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha mantenido un encuentro con el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, en el que han repasado la situación de los proyectos de nuevas infraestructuras y espacios judiciales y han abordado el funcionamiento del servicio de justicia gratuita.

Uno de los proyectos analizados ha sido la reordenación de las sedes judiciales de Santander, que el decano ha considerado muy positivo. El plan recoge que el edificio de Las Salesas concentre la jurisdicción civil y libere espacios con el traslado del Instituto de Medicina Legal al complejo del hospital Valdecilla y de otras unidades al Edificio Europa.

A juicio De Diego, la limitación de recursos requiere de "soluciones prácticas" ante los problemas de espacio en las sedes judiciales de Santander y, en este sentido, ha considerado el plan "absolutamente necesario" para liberar Las Salesas, como futura sede del juzgado número 12 de Santander y con otros espacios para futuros crecimientos.

Del mismo modo, ha valorado los avances que en 2020 se incluyen en los presupuestos regionales para mejorar el sistema de gestión procesal 'Vereda'. Como ha avanzado la consejera, con una inversión de 150.000 euros, el expediente judicial digital incorporará las grabaciones de las salas de vista, por lo que "el abogado no tendrá que desplazarse a las sedes judiciales y consultará la información desde su despacho de trabajo", mejorando de forma importante la asistencia letrada.

El decano ha afirmado que el funcionamiento de Vereda es motivo de "orgullo" entre los profesionales de Cantabria, respecto a los utilizados en otros territorios. "Es lo que debe ser un expediente judicial digital", ha subrayado, y ha opinado que la mejora prevista será "sustancial" para facilitar el trabajo de los abogados.

Sistema de justicia gratuita

Por otro lado, han abordado el nuevo proyecto de reglamento de justicia gratuita, que ha salido a consulta pública, y en el que el Gobierno cántabro ha introducido mejoras de orden organizativo en la propia Comisión y en la tramitación de los expedientes de justicia gratuita, apostando por fortalecer en esa línea las relaciones con los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores de Cantabria.

En concreto, según ha explicado la consejera, la nueva norma busca agilizar la presentación de la documentación para que los profesionales que trabajan en el tiempo de oficio cobren cuanto antes y estos pagos no se retrasen por la justificación de los procedimientos.

Asimismo, se ha referido a la actualización de los baremos del turno de oficio, que espera que se haga efectivo de "común acuerdo" con los profesionales. Respecto a este asunto, Andrés de Diego ha valorado que el Gobierno "está abierto" a las reivindicaciones del colectivo, por lo que espera que "en un plazo breve" se pueda solucionar la definición de los nuevos módulos y la actualización de sus importes.

Por último, el Gobierno y el Colegio han analizado reforzar con un letrado más el servicio de guardia de los juzgados de violencia de género, ante el incremento de los casos y para que las víctimas reciban cuanto antes la asistencia profesional.

La formación de los abogados también se verá incrementada y el Gobierno autonómico ha ofrecido al Colegio un programa para conocer las instituciones comunitarias, que financia la Comisión Europea, y con el que se quiere reforzar el conocimiento del derecho comunitario y la labor de los profesionales.

A la reunión también ha asistido el director general de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz.