El Gobierno de Cantabria espera aprobar este año un nuevo decreto de Justicia Gratuita para reforzar el turno de oficio y mejorar el servicio

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha reafirmado hoy el compromiso del Gobierno de Cantabria con la mejora del sistema de asistencia jurídica gratuita y las condiciones de los profesionales del turno de oficio, y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico espera aprobar antes de que finalice este año un nuevo decreto regulador que sustituirá al vigente desde 2023.

Urrutia, que ha participado en los actos con motivo del Día de la Justicia Gratuita, organizados por el Colegio de la Abogacía de Cantabria en la sede judicial de Las Salesas, ha asegurado que el nuevo texto normativo será fruto del diálogo mantenido con los colegios profesionales y permitirá incorporar sus principales reivindicaciones, sin esperar a “las tantas veces” anunciada reforma estatal de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pospuesta por el Ministerio.

La consejera del Gobierno cántabro ha subrayado que la justicia gratuita “es garantía de igualdad, cohesión social y protección de los derechos fundamentales” porque garantiza que ninguna persona vea limitado su acceso a la justicia por carecer de recursos económicos.

“Nuestro compromiso es irrenunciable para que este derecho pueda ejercerse sin trabas burocráticas innecesarias, con el máximo rigor en su reconocimiento y siempre en las condiciones que merecen los profesionales que intervienen en la defensa y representación de los ciudadanos”, ha subrayado.

Más recursos y mejores retribuciones

Con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, Isabel Urrutia ha apuntado las medidas adoptadas por el Gobierno cántabro durante la presente legislatura para mejorar las condiciones económicas del turno de oficio.

Entre ellas, ha destacado la actualización de los módulos y baremos aprobada en 2024, que supuso un incremento del 37 por ciento respecto a los importes vigentes en 2022 y que tuvo efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Asimismo, la consejera de Justicia ha recordado la aprobación este año de una nueva orden que regula por primera vez la compensación económica de los profesionales que intervienen en los nuevos procesos de mediación que introduce la última reforma judicial, los medios adecuados de solución de controversias (MASC), y que también ha contado con efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la nueva normativa estatal.

En paralelo, como ha recordado Urrutia, el presupuesto autonómico de este año destina 3.485.000 euros a la remuneración de abogados y procuradores del turno de oficio, lo que representa un incremento de 687.000 euros respecto a 2023, un 24,5 por ciento más.

La consejera de Justicia ha enmarcado todas estas actuaciones en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Justicia y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá impulsando mejoras tanto en el procedimiento como en las condiciones de trabajo de los profesionales.

En este contexto, ha destacado la reciente finalización de las obras de remodelación de los espacios destinados al servicio de guardia en la sede judicial de Las Salesas, en Santander, actuación en la que el Gobierno cántabro ha invertido más de 39.000 euros para dignificar las condiciones de prestación del servicio.

Además, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja conjuntamente con CERMI Cantabria y el Colegio de la Abogacía en la elaboración de una guía sobre el funcionamiento de la justicia gratuita adaptada a lectura fácil y accesible para personas con discapacidad sensorial o intelectual.

“Seguimos trabajando para recuperar el tiempo perdido y seguir dotando a nuestra Justicia de los mejores medios y recursos para que los profesionales puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones, en beneficio de todos los ciudadanos”, ha concluido.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita tramitó durante el pasado ejercicio 6.552 expedientes, de los que fueron resueltos 6.476. De ellos, 5.233 solicitudes, el 80,8 por ciento, obtuvieron el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, mientras que 1.221 fueron denegadas.

Estas cifras suponen una reducción del número de solicitudes del 7,18 por ciento respecto a 2024 y un descenso del 10,1 por ciento de los expedientes estimados.