El Gobierno de Cantabria ofrecerá la opción de teletrabajar dos o tres días a la semana a los empleados públicos

23/10/20


Paula Fernández e Isabel Barragán, en la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación (Foto: Lara Revilla)

El Gobierno de Cantabria extenderá la opción de teletrabajo a los servicios y departamentos de la Administración General y, a comienzos de año, espera tener aprobado el decreto que permitirá a los empleados públicos acogerse a esta modalidad de trabajo un máximo de tres días por semana o cinco continuados en periodos de dos semanas.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, junto a la directora de Función Pública, Isabel Barragán, ha informado del contenido del proyecto de decreto regional, que ya ha superado el proceso de consulta y que será objeto de negociación con las organizaciones sindicales.

Fernández Viaña ha considerado imprescindible la apertura de un proceso de participación y diálogo para la búsqueda de la "mejor" norma reguladora de esta modalidad de trabajo no presencial, que ha demostrado, a su juicio, su especial utilidad en situaciones de emergencia o crisis, como en la actual pandemia, y ha destacado también sus beneficios sociales en el ámbito de la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos (empleados con menores y mayores a su cargo) y para aquellos que tienen la residencia alejada de sus puestos de trabajo.

En su opinión, el teletrabajo en la Administración es una "herramienta de modernización laboral y una palanca para aumentar la productividad", sin menoscabo de la atención presencial de los servicios públicos, que va a quedar asegurada, dado que el empleado público mantendrá el contacto con su puesto y el resto de compañeros de la unidad y además se asegurará su derecho al descanso y la desconexión digital.

En materia tecnológica, la consejera de Presidencia se ha referido también al proyecto de transformación digital de la Administración Autonómica de Cantabria que se ha presentado para ser susceptible de financiación europea extraordinaria mediante los Fondos de Recuperación, que se eleva a unos 14 millones de inversión, y en donde el teletrabajo será uno de los ejes fundamentales.

Según datos aportados por el Gobierno, durante el estado de alarma más de 3.000 empleados públicos de la Administración General prestaron su labor mediante la modalidad de teletrabajo de forma permanente, lo que permitió mantener "totalmente operativos los servicios autonómicos para toda la ciudadanía", ha subrayado Fernández Viaña.

Proyecto piloto

El teletrabajo será una modalidad voluntaria y reversible para los empleados públicos si bien se requerirán unos requisitos mínimos de experiencia y conocimientos para poder acceder a la misma garantizando el correcto desarrollo del trabajo. La normativa regional prevé que la Administración aporte el equipamiento necesario, en función de las disponibilidades, así como la oportuna valoración de los riesgos laborales.

Además, su puesta en funcionamiento requerirá la valoración de los puestos de trabajo que pueden ser susceptibles de desarrollar su labor en la modalidad de teletrabajo, la determinación de las funciones, la organización de las unidades administrativas para que quede garantizada la prestación presencial del servicio y los criterios para la evaluación de la actividad.

La irrupción de teletrabajo implicará, según ha señalado la consejera, una valoración de los equipos necesarios y de importantes esfuerzos en materia laboral, lo que supondrá a su vez un "fuerte impacto" en la organización autonómica.

Por eso, la consejera de Presidencia ha anunciado que, una vez se encuentre en vigor el decreto, se desarrollará un proyecto piloto para posibilitar su implantación progresiva; para ello se plantea una prueba "a pequeña escala" en un plazo de seis meses para desarrollar todas las fases de implantación del teletrabajo, con el objetivo de analizar el funcionamiento e identificar los posibles problemas de implantación.

Ámbito de aplicación

El teletrabajo será aplicable al personal de la Administración General del Gobierno de Cantabria y a sus organismos autónomos, con la excepción del personal docente, personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud y de la Administración de Justicia, ya que se rigen por normas o acuerdos específicos.

Quedan excluidos los puestos de atención ciudadana, oficinas de registro, obra, limpieza, secretaría y aquellos que comporten la prestación de servicios presenciales, es decir, los que requieran interactuar con terceros (atención sociosanitaria) o necesiten acceder a material o fuentes documentales que se encuentran en los centros de trabajo (museos, laboratorios...).

El empleado público autonómico que se acoja al teletrabajo dispondrá de una jornada semanal máxima de tres días de trabajo no presencial o cinco días continuados en un periodo de dos semanas, debiendo efectuar presencialmente el resto.

El proyecto de decreto priorizará una serie de criterios como la antigüedad, discapacidades, problemas de movilidad, tener a su cargo menores de 12 años o familiares dependientes, ser víctima de violencia de género, encontrarse en periodo de gestación, así como la distancia entre la residencia habitual y el puesto de trabajo de cara a la realización de las solicitudes.

Se contempla un procedimiento de concurrencia para posibilitar el acceso a esta modalidad de prestación de servicios al conjunto de todos los empleados públicos, para lo que anualmente se convocará un procedimiento para su autorización y en el que se especificará el número de puestos máximos que pueden ser autorizados dentro de cada consejería y, en su caso, la unidad.

La autorización de prestación de servicio en modalidad no presencial tendrá una duración máxima de 6 meses, prorrogables, sin perjuicio de las posibilidades de suspensión, renuncia o pérdida de efectos.

Ejecución de la OEP

Por otro lado, la consejera de Presidencia ha valorado la ejecución de la Oferta de Empleo Público (OEP) en la Administración General, de la que ya se han celebrado pruebas de 46 procesos selectivos, a los que estaban convocados 2.027 candidatos para la cobertura de 152 plazas.

Finalmente, participaron 1.007 aspirantes en estas pruebas, desarrolladas cumpliendo todas las medidas socio-sanitarias establecidas de distanciamiento y aforos.

Respecto a los procesos en marcha, la mayoría se encuentran en la segunda fase de las pruebas y está prevista la realización del tercer ejercicio antes de finalizar el año.

Por otra parte, se han fijado fechas para la celebración de otros 5 procesos más de en torno a 300 aspirantes, así como los procesos de promoción interna. Por último, la consejera ha informado que su departamento ya ha iniciado las negociaciones para la convocatoria de los procesos que afectan al personal laboral, con un total de 355 plazas.

Con la ejecución de la OEP, el Gobierno, según Fernández Viaña, apuesta por reducir la ratio de interinidad en la Administración y dar cumplimiento al compromiso de desarrollar la Oferta de Empleo Público en la medida que lo permita la actual pandemia y responder así a las expectativas laborales de miles de opositores.




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