Políticas Sociales y entidades de la Dependencia constituirán un grupo de trabajo para el seguimiento de la nueva normativa del sector

Se trata, según ha explicado la Consejera Ana Belén Álvarez, de un grupo que está contemplado en la propia Orden, en su disposición adicional séptima, cuyo objetivo es facilitar tanto a la Administración como a las entidades del sector la transición a la nueva normativa y que permitirá dar respuesta de forma consensuada a las dudas o problemas que resulten de su aplicación.

La consejera ha recordado que “desde el primer momento en que me hice cargo de la Consejería he puesto en práctica una política de consenso y diálogo y este grupo es un ejemplo más del compromiso de todo mi equipo con esta forma de entender el trabajo”.

“Si queremos avanzar en la construcción de un Sistema Público de Servicios Sociales dinámico y ágil, capaz de dar respuesta rápida a las demandas sociales debemos y queremos estar en permanente actitud de mejora, de cambio, de reforma”, ha afirmado.

Desde FED y LARES valoran positivamente que la norma recoja expresamente la creación de este Grupo de Trabajo que va a permitir trabajar “en aquellos aspectos que se hayan quedado un poco pendientes de mirar o de valorar”, según ha expresado Rubén Otero. Ha recalcado que es una normativa “abierta” a los cambios y ha subrayado que el objetivo una norma “que perdure en el tiempo” y que no sea como hasta ahora, que cada 4 años se hacía una Orden nueva”. 

Por su parte, el presidente de CERMI Cantabria, Ignacio Fernández, que es también presidente de la Asociación Cántabra pro Salud Mental, ha destacado el papel que tendrá este Grupo a la hora de estudiar la adaptación de las entidades a esta “norma de futuro”. “Ya queda muy claro −y recogido en las disposiciones transitorias− la forma de adaptar o la imposibilidad de esa adaptación. Por ello, es muy importante la labor que tenga esa comisión de trabajo en cualquier duda que surja, para que podamos estar todos dentro de la normativa”.

Fondos EU para la economía de los cuidados

En el transcurso de la reunión, en la que han participado también el director de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora, la consejera Ana Belén Álvarez ha dado a conocer la celebración de dos sesiones formativas, que tendrán lugar la segunda quincena de este mes de abril, en las que se hablará de los fondos europeos extraordinarios que se van a destinar a la economía de los cuidados.

En estos encuentros la Consejería de Empleo y Políticas Sociales informará de los proyectos que se han presentado desde Cantabria a los fondos Next Generation UE que, el Gobierno de España, ha agrupado dentro del denominado ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión’.

Los encuentros serán on-line debido a la pandemia de la covid-19, en formato vídeo, a través de internet (webinar) y están dirigidos a los responsables de centros y entidades sociales, a responsables políticos (de la administración local y autonómica) y a los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

El objetivo de estas reuniones es descubrir las oportunidades que ofrecen los fondos Next Generation UE para modernizar el Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria; conocer los proyectos presentados por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales e identificar aquellos que puedan recibir financiación con cargo a estos fondos.

Nuevas ayudas a la Dependencia

Ana Belén Álvarez ha anunciado también a las entidades del sector que ya se está preparando el Decreto de las nuevas ayudas directas al sector de la Dependencia para garantizar la calidad de los servicios y que estos no se vean afectados por los gastos extraordinarios provocados por la COVID-19.

Estas ayudas, ha explicado, se van a incrementar en un 50% sobre la cantidad inicialmente prevista hasta alcanzar los 1,5 millones de euros y, como ya anunció en su comparecencia parlamentaria, incluirán a las entidades de ayuda a domicilio.

La nueva línea de ayudas que gestionará el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) se suma al millón de euros, aprobado en julio de 2020, cuyo destino ha sido sufragar las plazas no reemplazables durante el confinamiento, siendo Cantabria una de las primeras comunidades en adoptar una medida de este tipo. 

Ana Belén Álvarez ha insistido en que el objetivo del Gobierno es “mantener y mejorar la adecuada atención a las personas dependientes y garantizar que los servicios se puedan prestar con normalidad, asegurando su sostenibilidad y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados a esta actividad”.

En concreto, esta medida persigue minimizar los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas para frenar y reducir el contagio por COVID-19.