Cantabria logra 30 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en dos años

En el caso de Cantabria, ha dado el visto bueno a la financiación, por 8.893.341 euros, del proyecto de restauración ambiental de terrenos de la antigua mina de Reocín, así como para la restauración ambiental de las antiguas canteras de Cuchía, por un importe de 2.000.000 euros. 

La elaboración de estos dos proyectos y su ejecución corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, que ya ha iniciado los trabajos técnicos previos, y que se reunirá con los ayuntamientos donde se ubican esos terrenos en las próximas semanas.

Se trata de dos actuaciones singulares de recuperación de áreas degradadas por actividades mineras abandonadas en la cuenca Saja-Besaya que se integran en el Plan Estratégico Saja-Besaya 2030, que iniciará este año su primer Plan de Acción 2022-2024 con diferentes actuaciones, entre ellas restauración e interpretación ambiental en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) de La Viesca y de Pozo Tremeo. 

Un Plan Estratégico que permite encuadrar este tipo de proyectos singulares en un marco coherente de acciones a desarrollar por diferentes organismos y entidades y aprovechar así, de forma más eficiente, recursos económicos extraordinarios como los movilizados por la Unión Europea.

En concreto, son actuaciones de recuperación de los suelos y zonas afectadas por la minería, recuperando zonas degradadas por esta actividad y reduciendo el riesgo para las poblaciones cercanas y la vida silvestre, al eliminar focos de contaminación y naturalizando y transformando en sumideros naturales de carbono las áreas restauradas.

El Ministerio también ha autorizado los criterios de reparto y distribución territorial para la financiación de actuaciones de conservación de la biodiversidad marina, también con presupuestos del PRTR, por un importe de 30 millones a repartir entre las distintas comunidades autónomas, asignando a Cantabria 951.789 euros para proyectos de restauración de la biodiversidad y conservación de áreas protegidas en zonas marinas o ecosistemas asociados en terrenos de competencia autonómica.

El departamento que dirige Teresa Ribera ha acordado, además, la autorización de los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al programa de mejora de gestión de residuos del PRTR, asignando a Cantabria 2.968.488 euros, que serán gestionados por la empresa pública MARE para el desarrollo de proyectos de recogida y tratamiento de materia orgánica.

El Ministerio también ha autorizado los criterios de reparto y de la distribución de los fondos presupuestarios ordinarios correspondientes a las actuaciones de conservación y restauración de la biodiversidad, asignando a Cantabria 85.000 euros para el control del visón americano en ríos con hábitats adecuados para el visón europeo, especie en peligro crítico en el conjunto de España.

De esta manera, Cantabria recibirá un total de 14.889.618 euros que serán gestionados por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la gestión de proyectos de restauración ambiental, la conservación de la biodiversidad marina, la mejora de la gestión de residuos y la conservación y restauración de la biodiversidad.

Un total de 15 millones que se suman a la cantidad de 15 millones que Cantabria recibió el año pasado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la reforestación y la lucha contra especies invasoras exóticas (5,2 millones); recuperación de áreas degradadas y actuaciones en la vertiente cántabra del Parque Nacional de los Picos de Europa (1,3 millones); Reserva de la Bioesfera (250.000 euros), y el Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al programa de mejora de gestión de residuos del PRTR, gestionados por la empresa pública MARE (6,9 millones), lo que supone una inversión total de 30 millones de euros para la mejora de la calidad del medio ambiente en Cantabria. 

A todo ello hay que sumar la autorización por parte del Ministerio, en la reunión de hoy, de la distribución territorial de créditos gestionados por las comunidades autónomas, por un importe de 174.540.000 euros, para el plan de actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental de núcleos urbanos, así como la primera fase del reparto de fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de digitalización del ciclo del agua, otorgando a Cantabria un importe de 1.465.200 euros, que será gestionado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En la reunión también se ha aprobado la creación de un Grupo de Trabajo en materia de lucha contra el comercio de madera aprovechada ilegalmente; el Plan Nacional de Controles de Legalidad de la Madera Comercializada, y el Grupo de Trabajo sobre Educación Ambiental, así como el nuevo reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Consejo Consultivo

Durante el Consejo Consultivo de Política Medioambiental para Asuntos Comunitarios, se ha analizado la propuesta de reglamento de la Unión Europea sobre la revisión y actualización del protocolo sobre el traslado de residuos en un contexto de aumento del comercio internacional de residuos en el que es importante que se garantice que los residuos se gestionen de forma sostenible, contribuyendo así a la transición hacia una economía circular a escala de la Unión Europea.

Las comunidades autónomas, incluida Cantabria, han valorado de manera positiva propuesta, teniendo en cuenta la importancia de promover medidas que faciliten la circularidad de los productos y materiales, al tiempo que incentiven las inversiones y el desarrollo tecnológico a lo largo de las cadenas de valor.

Asimismo, han incidido en que el impulso para la transición hacia una economía circular, en línea con el Pacto Verde Europeo, descansa en gran medida en las administraciones regionales y locales, para lo que consideran necesario que las comunidades autónomas reciban los fondos necesarios y vean simplificadas sus cargas administrativas para que esa transición se realice de manera ágil y eficaz.