El choque entre Montoro y el Tribunal Supremo moviliza a la Fiscalía alemana

Esta semana puede ser decisiva para el curso de la causa que instruye el Tribunal Supremo (TS) sobre el 1-O. Desde el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein han llegado en las últimas horas nuevas peticiones de información complementaria sobre los hechos. Se trata de una iniciativa clave, porque de su resultado depende que el expresidente Carles Puigdemont sea entregado a España. Y también depende de ello la determinación de los presuntos delitos por los que podría ser juzgado.

La última petición formulada por los jueces alemanes, según comunicación verbal trasladada a la representación de Eurojust en La Haya, se refiere a las divergencias entre el Supremo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la comisión o no de un delito de malversación por parte de Puigdemont y los exconsellers, que también están imputados por esta figura delictiva, aparte de la de rebelión. La Fiscalía alemana ha pedido ser informada de la naturaleza y eventuales consecuencias jurídicas del choque entre el poder judicial y el poder ejecutivo, para poder trasladar sus conclusiones a los jueces que deben decidir sobre la entrega de Puigdemont.

La importancia de la información solicitada, por tanto, se deriva de que sus destinatarios son los jueces que ya resolvieron sobre las medidas cautelares impuestas al expresident. Y lo hicieron acordando su libertad provisional al tiempo que negaban la existencia del delito de rebelión y ponían en duda el de malversación. La Fiscalía alemana hace en este trasiego de información de intermediaria, pero por expreso deseo del Tribunal de Schleswig-Holstein, muy interesado en estos momentos en conocer el alcance de las discrepancias surgidas entre el juez encargado del caso 1-O en el Supremo, Pablo Llarena, y el titular del Ministerio de Hacienda.

El Supremo, a su vez, va a contestar a las peticiones de información complementaria una vez que haya recibido la respuesta de Montoro al requerimiento que el juez Pablo Llarena le dirigió “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo” de sus afirmaciones en el sentido de que no se empleó dinero público para el 1-O. El informe de Montoro se espera como muy tarde para mediados de semana. En el Supremo se espera de Hacienda una respuesta compatible con las tesis del auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo Llarena. Es decir, que dicha contestación no reste credibilidad a la labor judicial. Según cómo discurra este episodio, se está abriendo paso entre los magistrados de la Sala Penal la posibilidad de solicitar también un informe a la Abogacía del Estado, en la medida en que está personada y actuando en la causa por los hechos del 1-O.

La tesis del sector del Supremo partidario de reclamar este informe a la Abogacía del Estado es que una iniciativa de este tipo resulta sumamente pertinente, teniendo en cuenta que es precisamente este organismo el que defiende los intereses de Hacienda en los procedimientos penales. De hecho, esta función es la que se encuentra en el origen de la Abogacía del Estado, creada para velar por los intereses de la Hacienda pública. A pesar de ello, su personación en la causa del 1-O es relativamente reciente, y no se produjo al principio del proceso.

En el TS existe el convencimiento de que la Abogacía del Estado en ningún caso contribuiría a cuestionar la investigación judicial relativa al supuesto empleo de fondos públicos para la organización y convocatoria del referéndum del 1-O. El Supremo confía en que la respuesta que el Ministerio de Hacienda envíe al juez Llarena no consista en una avalancha de datos relativos a aspectos técnicos del control que viene ejerciendo desde el 2015 –y con mucha mayor intensidad desde el 2017– sobre la gestión de las finanzas de la Generalitat. Lo que la Sala Penal espera es que los datos que proporcione Montoro sirvan para dejar claro que no prejuzga el resultado de las investigaciones judiciales y para ponerse a disposición de la justicia con el fin de aclarar la existencia de cualquier posible delito.

El Supremo, en suma, no quiere entrar en un pulso con Hacienda. Pero defenderá sus competencias y su labor como poder independiente del Estado. Máxime por lo que está en juego, el resultado de una importante causa penal y, en estos momentos, el curso de uno de sus capítulos más importantes, el relativo a la posible entrega del expresident Puigdemont. A este respecto, el Tribunal de Schleswig-Holstein ya ha pedido por escrito datos sobre el papel de Puigdemont en la dirección de los Mossos d’Esquadra. A ello ha adjuntado ahora una otra petición –esta vez informal, y siempre a través de la Fiscalía alemana, en contacto con la española por medio de Eurojust– sobre el delito de malversación. El TS confía, en suma, en que podrá convencer a los jueces alemanes del rigor de sus conclusiones sin que su tarea se vea entorpecida por otras instituciones.