El Gobierno prevé "adaptar" el artículo 155 si Puigdemont niega ahora la DUI

23/10/17


A pesar de haber puesto en marcha la maquinaria para que el artículo 155 se apruebe este viernes en el Senado, el Gobierno mantiene una rendija a la esperanza para no tener que aplicarlo con toda su crudeza. Esa brecha permitiría “adaptar” el alcance de las medidas en función de la reacción del president de la Generalitat, Carles Puigdemont durante la semana que comienza, aunque lo expresan con la boca pequeña, conscientes de que el Govern no está por la labor de plantear un escenario electoral a corto plazo, sino más bien de ruptura total con una proclamación de la independencia en el Parlament. 

En una entrevista en Onda Cero, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno podría adaptar, a través del Senado, la puesta en marcha del precepto constitucional en función de los movimientos del president. Preguntada directamente sobre si es todavía reversible la aplicación del 155 si Puigdemont niega definitivamente la declaración de independencia, la número dos del Gobierno ha comentado que aunque “el proceso está en marcha”, este permite que “hasta el último momento, el Senado pueda adaptarse” a los acontecimientos, “hasta que el trámite final de aprobación”. 

Santamaría ha recordado los requerimientos previos de Rajoy al president preguntando sobre si se había declarado o no la independencia, cuya omisión por parte del dirigente catalán provocaron que se pusiera en marcha el 155, pero ha hecho hincapié en que “por tanto, esa es la base” para una posible adaptación del precepto, “la declaración de independencia”.

Aunque le han preguntado también directamente sobre la posibilidad de revocar el artículo si Puigdemont aclara ahora que no ha habido declaración de independencia, la vicepresidenta no ha sido rotunda, aunque ha vuelto a recordar que el president, “siempre que se le ha pedido que haga esto ha hecho lo contrario” y “ya ha tenido dos requerimientos”. Por tanto, “no nos vamos a poner en la cabeza de lo que haga Puigdemont”. Por el contrario, “el Senado es una cámara democrática a diferencia de lo que ha hecho el Parlament en manos de Carme Forcadell donde quien no está de acuerdo no habla”, ha zanjado.

Para bien o para mal, “el Senado tiene capacidad para adaptarse a lo que la Generalitat o el Parlament pueda hacer en cada momento” hasta que se apruebe el 155, ha indicado, de manera que la Cámara Alta “tiene la capacidad de adoptar medidas o modificar las que existen hasta su aprobación”. 

Santamaría ha emplazado por tanto al Govern a hacer las alegaciones que la ley le permite en este trámite, e incluso de ir al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo catalán lo estima oportuno, pero ha reclamado que cualquier alegación o reclamación que se deba hacer por parte de la Generalitat, se haga “pública y abiertamente”. De esta forma, la dirigente ha confirmado que ya no existe ningún contacto entre ambos ejecutivos para tratar de solventar o limar la crisis abierta. 

Capítulo aparte ha merecido la aplicación del 155 en lo que se refiere al Govern, los altos cargos y los funcionarios. Al respecto, la vicepresidenta ha señalado que tras el cese del Ejecutivo catalán en pleno, “lo que se hará es que distintos ministerios asumirán las competencias catalanas”, pero ha aclarado que “el Estado no recupera para sí esas competencias ni desaparece la Generalitat”, sino que, “dada la desobediencia”, se ejercen esas competencias durante un tiempo “para volver a la legalidad”. Según ha dicho, “se irán asumiendo competencias “preservando clima de neutralidad que se ha quebrado”. 

Sobre la fórmula que se escogerá para aglutinar esas competencias en un equipo de personas, Santamaría ha descrito varias posibilidades: “que se nombre un mando único para Catalunya”, de manera que haya “un ministro para Catalunya”, y que, o bien se atribuyan personas concretas para esas tareas, o que estas sigan en manos de quienes vienen ejerciendo tareas en el ámbito del Estado. “Hay distintas posibilidades, pero no nos merendemos la cena”, ha emplazado.

En cuanto a los funcionarios, entre los que figurarían altos cargos, la vicepresidenta ha apuntado que la implementación del artículo 155 será “gradual y progresiva”, y que “si la administración catalana cumple su obligación, la aplicación del 155 será la estrictamente necesaria”. En todo caso, ha insistido en que la “obligación” es volver a la Estatut, así que se contemplan previsiones de ceses por si hubiera desobediencia. 

“Quiero pensar que todos los funcionarios cumplen con la Constitución y leyes pero si no es así, tenemos la potestad para aplicar las medidas” oportunas, ha advertido, tras lo cual les ha recordado que son responsables de la gestión de servicios públicos, y que “los ciudadanos no pueden verse afectados por actitudes de contumacia o rebeldía”. 

A la dirigente le han planteado varios escenarios como el de que Puigdemont y su gobierno se resistan a abandonar sus cargos, a lo que ha respondido con claridad: “Una vez que los consellers son cesados dejan de serlo a todos los efectos legales por mucho que quieran vivir en la ficción paralela que quieran”. Para el Gobierno, los dirigentes catalanes“han incumplido el Estatut de autonomía y ocupan su cargo gracias a una Constitución y, “si por aplicación de la Constitución dejan de serlo, la realidad jurídica es esa, que serán cesados”. Así, el president dejará de serlo, no podrá adoptar decisiones ni ejercer sus funciones, “dejará de cobrar su sueldo y de tener lo que acompaña a un president”, ha avisado.

El plazo máximo de seis meses para la convocatoria de elecciones también debe tomarse con cautela a la luz de las palabras de Santamaría. Al respecto, ha indicado que esta intervención “no puede tener duración ilimitada” y que, aunque permite llevar a cabo “ciertas tareas”, no se trata de implantarlo de la noche a la mañana, por tanto siempre existe la posibilidad de que “podamos volver al Senado para ampliarlo o acortarlo”. 

En cuanto a la posibilidad de intervenir la televisión publica catalana, Santamaría ha asegurado que sobre esto se ha hablado mucho con PSOE y Cs, tras lo cual se ha limitado a aclarar que “lo que buscamos es que TV3 cumpla su propia ley” y que “nuestra única intención con los medios de comunicación públicos es devolverlos a la neutralidad”.

Posteriormente, la dirigente ha desvelado que el presidente Rajoy ha hablado con el líder del PSC, Miquel Iceta sobre la crisis catalana y el 155 y que ella misma ha hablado en múltiples ocasiones y tiene una “buena amistad” con él. En el ámbito del diálogo también ha desvelado que se sentó a hablar bastantes veces con Junqueras, pero él sólo le quería hablar de referéndum, “sí o sí”. “ Ese diálogo no fue una operación de marketing”, ha reprochado.