La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes dispuestos a participar en el 1-O y detenerlos si no comparecen

La Fiscalía General del Estado ha ordenado tomar declaración como imputados a todos los alcaldes que se han ofrecido a participar en el referéndum del 1 de octubre. Los alcaldes deberán comparecer en las correspondientes sedes de la Fiscalía para ser interrogados por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

El fiscal general, José Manuel Maza, señala que si los alcaldes convocados se niegan a comparecer se ordenará su "detención y presentación en Fiscalía " para tomarles declaración. Esa detención deberá ser practicada "en el plazo más breve posible" por los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía explica que, según los datos recopilados por la Asociación de Municipios por la Independencia, hasta ayer se habían adherido al 1-O un total de 712 localidades. La instrucción del fiscal general precisa que las diligencias abiertas por la Fiscalía darán "preferencia" a los municipios de mayor población.

La instrucción de Maza va dirigida a los cuatro fiscales jefe provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Será en la sede de esas Fiscalías donde se cite a los alcaldes, salvo allí donde se hayan creado Fiscalías de Área, que se encargarán de gestionar los respectivos municipios.

En concreto, el documento de la Fiscalía General dice que "se proceda a incoar diligencias de investigación, en relación con cada uno de los Ayuntamientos radicados en la respectiva Fiscalía [...] y se cite, por medio de la Policía Judicial, al Alcalde, para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de Letrado".

Si el alcalde citado no compareciera, Maza ordena "acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible".

Desobediencia, prevaricación y malversación

Antes de ordenar a los fiscales provinciales que pongan en marcha los interrogatorios, el escrito del fiscal general expone las distintas resoluciones del TC suspendiendo la celebración del referéndum. Y resalta que "entre los destinatarios" de la resolución que el 7 de septiembre suspendió la ley de medidas complementarias necesarias para el 1-O se encontraban "los alcaldes de todos los municipios de Cataluña".

El escrito añade que "la notoriedad de la prohibición" de actos dirigidos al 1-O "hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin" sea indiciariamente constitutiva de tres delitos. El de desobediencia, porque "supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del TC"; el de prevaricación, "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico"; y el de malversación de caudales públicos, porque implicaría "la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas". 

En los tres supuestos, el fiscal recuerda las penas que acompañan a los delitos: multa e inhabilitación el primero, inhabilitación el segundo y cárcel e inhabilitación el tercero. En el supuesto de la malversación, el más grave de los tres, precisa incluso la extensión de las penas a imponer, que serían de hasta ocho años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación.

Seis partidos piden la comparecencia de Maza

Seis partidos han registrado esta tarde en el Congreso la petición de comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique su decisión de ordenar que se impute a los alcaldes catalanes que cedan espacios para el referéndum independentista del 1 de octubre. 

La petición la han firmado los portavoces de PDeCat, ERC, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu, en respuesta a la instrucción que Maza ha remitido a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.

En rueda de prensa tras registrar esta petición, el diputado del PDeCat Ferran Bel, que es también alcalde de Tortosa (Tarragona), ha advertido de que con esta medida Maza pretende actuar contra el 75 por ciento de los alcaldes catalanes, más de 700 regidores a los que pretende imputar, ha ironizado, el "grave delito" de "facilitar el voto" de sus ciudadanos.

Llamamiento a las policías locales

Después de haberlo hecho con los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Fiscalía ha sumado a la Policía Local a la batalla contra el 1-O. El Ministerio Público ha informado de que los fiscales jefes de las cuatro provincias catalanas han acordado comunicar comunicado a las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes que "procedan a investigar cualesquiera hechos encaminados a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o celebrarlo".

En concreto, la Fiscalía indica que los policías locales tendrán que requisar elementos como papeletas, urnas, ordenadores, etcétera. Los escritos indican que estas órdenes deben ser transmitidas a las policías locales por parte de los Mossos d'Esquadra.