El presidente pide a Interior más efectivos policiales para el Puerto y una normativa que penalice el intrusismo

Según ha dicho en el acto de presentación de los nuevos medios contratados por la Autoridad Portuaria de Santander (APS) para incrementar el control de sus instalaciones, es necesario cubrir el vacío legal que actualmente existe en relación a las personas que “día tras día” intentan dar el salto para tratar de viajar al Reino Unido como polizones y que, con la actual legislación, únicamente pueden ser expulsados del puerto.

Para Revilla, este “fallo” del sistema pone en peligro la seguridad del puerto, daña su imagen, genera importantes perjuicios económicos a las empresas operadoras y, además, provoca “desmoralización” entre los cuerpos policiales. Concretamente, el presidente vería con buenos ojos un amparo legal que castigue esta “vulneración de las fronteras de España” con la pérdida del visado de turistas con el que entran en el país.  

En la misiva dirigida a Grande-Marlaska, el jefe del Ejecutivo expone, además, el “enorme potencial” del Puerto de Santander, que “está llamado a ser uno de los grandes puertos del norte” cuando estén operativos los dos “complementos” en los que trabaja el Gobierno de Cantabria: el centro logístico de La Pasiega, que estará listo “en año y medio”, y el tren de altas prestaciones con Madrid, que llegará “con mayor prontitud”.

“No podemos cargarnos el potencial de este puerto, que tiene unas previsiones muy halagüeñas. Todas esas cosas de futuro pueden no servir para nada si no le quitamos la etiqueta de puerto inseguro”, ha dicho Revilla, quien, por el contrario, sí ha valorado el esfuerzo de la APS para atajar este problema con medios propios y una inversión de más de 3 millones de euros en los dos últimos años.

Precisamente, parte de esa inversión se ha destinado a un contrato con la empresa Integral de Vigilancia y Control, por valor de 288.000 euros, para dar soporte a la policía portuaria en las labores de vigilancia. Asimismo, gracias a la colaboración de la compañía CLdN, se incorpora al servicio una unidad canina de detección de personas de la firma ICTS.

Todos estos medios se han presentado hoy en un acto en la sede de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) en el que Revilla ha estado acompañado por el consejero de Industria, Javier López Marcano; el presidente del puerto, Francisco Martín, y representantes de operadores y terminalistas afectados por las intrusiones. 

Martín se ha sumado a las reivindicaciones del presidente cántabro y ha destacado el importante esfuerzo económico que está haciendo la institución que dirige para mejorar su seguridad. Además de los servicios presentados hoy, se ha referido al incremento de la altura de las vallas, la instalación de sensores y cámaras infrarrojas o los nevos drones que sobrevuelan las instalaciones. 

Sin embargo, ha lamentado, “nada consigue disuadir a los intrusos” y el problema “se está disparando”, con más de 2.400 intentos registrados en 2019. Por este motivo, ha reclamado un “refuerzo” de los medios policiales que evite que el Puerto de Santander “esté adquiriendo el marchamo de puerto fácil para ser sobrepasado”.

Medidas

El puerto de Santander sufre un problema de intrusismo que pone en riesgo la integridad de los vehículos con destino al Reino Unido e Irlanda y de la mercancía que transportan. Tan solo en el periodo entre 2020 y 2021 se incoaron 1.050 expedientes sancionadores y se publicaron 687 propuestas de resolución.

La APS viene adoptando en los últimos años medidas para prevenir la presencia de intrusos, con inversiones dirigidas a mejorar los cerramientos, el sistema de videovigilancia y la vigilancia privada. Concretamente, esta misma semana ha adjudicado un contrato de soporte a la vigilancia del puerto, por un importe de 288.640 euros, lo que permitirá reforzar la vigilancia nocturna con 7 nuevos efectivos. También se ha aumentado el sistema de alumbrado, se han instalado inhibidores de frecuencia y se han incorporado drones a las labores de control.

Por otro lado, se han convocado 13 plazas para reforzar la plantilla de la Policía Portuaria, que se compone de 45 agentes, y se celebran reuniones periódicas con las Fuerzas de Seguridad del Estado, consignatarios, transportistas y navieras para colaborar en la solución del problema.

En total, la inversión realizada desde 2018 para garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias y evitar el intrusismo asciende a más de 3 millones de euros.