González Pescador: el ayuntamiento baja, año tras año, los impuestos a los santanderinos frente al bipartito PSOE-PRC, que planea un nuevo sablazo a todos los cántabros

En cambio, ha recalcado que el equipo de gobierno ha elaborado unas ordenanzas fiscales “rigurosas, buscando siempre el equilibrio y la justicia social”, con medidas para rebajar la carga fiscal a ciudadanos y empresas, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a las personas con menos recursos.

Así, ha hecho hincapié en que las ordenanzas fiscales municipales de 2018 profundizan en las medidas sociales, de tal manera que a las familias monoparentales con dos hijos se les aplicará el mismo régimen fiscal que a las familias numerosas en el pago de la mayor parte de tasas y precios públicos.

Además, se aumentan las bonificaciones a las familias numerosas con rentas más bajas (las que ingresan hasta 3 veces el IPREM) y se amplía la gratuidad del TUS a todos los pensionistas con ingresos hasta 1,5 veces el IPREM.

En total, el próximo año 66.215 vecinos se beneficiarán de alguna de las bonificaciones o exenciones municipales en el IBI, en las tasas de agua y basuras, en los servicios del TUS, del IMD y del Conservatorio, en la teleasistencia o en la ayuda a domicilio, entre otros, ha resumido.

Respecto al IBI, ha remarcado que se reduce la previsión de ingresos por este concepto tras la reducción del 25% en la base catastral solicitada por el Ayuntamiento y mantenerse congelado el tipo impositivo que se sitúa entre los 5 más bajos de capitales de provincia española en el 0,459.

Asimismo, González Pescador ha subrayado que el “artífice del catastrazo” fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y “los únicos” que han adoptado medidas para “contrarrestarlo” con reducciones y bonificaciones en el IBI han sido el equipo de gobierno municipal y el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

De hecho, ha afirmado que “si no fuera por las medidas” que ha venido aplicando desde 2009 el Ayuntamiento y por las dos rebajas de valores catastrales solicitadas a la administración central en 2016 y 2017, “los santanderinos pagarían hoy casi 27 millones de euros más en el IBI por la subida impuesta unilateralmente por un Ejecutivo socialista”.