González Pescador recalca que el Ayuntamiento respeta escrupulosamente la legalidad y la transparencia en todos sus acuerdos
De esta manera, la edil ha rechazado las afirmaciones del grupo municipal regionalista sobre la tramitación de reconocimientos extrajudiciales de crédito, una figura “perfectamente reglada y comúnmente utilizada por numerosas administraciones”.
González Pescador ha explicado que la aprobación de este tipo de expedientes en la Junta de Gobierno Local es una medida prevista en la normativa vigente con la que se pretende agilizar el pago a empresas que han prestado servicios al Ayuntamiento.
Por ello, ha lamentado que el PRC “malinterprete y tergiverse una medida que va en favor de los proveedores sin restar un ápice de transparencia” de cara a los grupos municipales y al conjunto de la ciudadanía, ya que los expedientes se trasladan previamente a Comisión y los acuerdos de Junta de Gobierno son públicos.
Además, ha acusado a los regionalistas de “mentir y falsear la realidad” porque el Ayuntamiento, a diferencia de lo que ocurre en instituciones donde ellos gobiernan, no tiene facturas en el cajón y todos los gastos incluidos en los expedientes a los que se refieren “contaban con dotación presupuestaria, están a la vista y ya han sido abonados”.
“Por tanto, los acuerdos adoptados son absolutamente legales y las únicas dudas son las que intenta sembrar el PRC”, ha apostillado la concejala de Economía y Hacienda.
Además, ha considerado “paradójico” que sean precisamente los regionalistas los que hablen de facturas en el cajón, cuando ellos, “más que aficionados, son profesionales” de esta práctica, “como evidencian los 300 millones de euros que acumula el Gobierno regional sin soporte presupuestario y que están sin reconocer ni pagar”.
Por último, la edil ha vuelto a lamentar que algunos grupos municipales “antepongan sus intereses mediáticos al interés de las empresas que han prestado servicios al Ayuntamiento, que no merecen que se demore el pago por estrategias políticas”.
“Los gastos estaban previstos, las partidas habían sido contempladas en el presupuesto y los servicios han sido prestados a los santanderinos. No tendría sentido prolongar injustificadamente el pago a empresas que han satisfecho esos servicios mientras se adjudicaban los nuevos contratos y se resolvían incidencias surgidas en ese proceso”, ha concluido la edil.
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