El Gobierno de Cantabria colabora en un programa de intervención educativa para evitar la reincidencia delictiva de los menores de 14 años

El objetivo de este programa es la prevención de la reincidencia delictiva del menor, abordando el delito desde una perspectiva netamente educativa con programas educativos en el propio medio del menor que actúan sobre los factores de riesgo de reincidencia y potencian los factores protectores del menor y su entorno.

Así lo han anunciado hoy la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, y el presidente de la Fundación Cuin, Pedro Tresgallo, quienes han coincidido en destacar la importancia de este programa ante el repunte de casos detectado en el último informe de la Fiscalía General del Estado, en el que se informa de un incremento en un 45,4% respecto al año anterior en el número de diligencias archivadas por ser los autores menores de 14 años y, por lo tanto, "inimputables".

Tal y como han explicado, el programa abordará el delito cometido por el menor y sus problemáticas personales y realizará una intervención con su familia con el fin de abordar los diferentes ámbitos de la vida del menor, tanto personal como familiar, formativo-laboral, social y de salud y poder ajustarse a sus necesidades reales, de tal manera que, si éstas se desarrollan con normalidad, la comisión de delitos será menos probable.

Además, el equipo encargado del programa realizará charlas formativas sobre las consecuencias legales de la comisión de delitos dirigidas a menores de 14 años a solicitud de colegios, institutos, asociaciones de madres y padre y centros infanto-juveniles cuando en todos estos ámbitos se den circunstancias de riesgo delictivo que afecten a un grupo de menores y causen alarma social o puedan amenazada la convivencia.

La consejera de Inclusión Social ha abogado por promover este tipo de iniciativas porque, aunque no están incluidas en la cartera de servicios, ayuda a la educación en valores y la concienciación por parte de los menores de la gravedad que supone cometer un delito y sus consecuencias, así como informarles de los riesgos de los nuevos delitos traen consigo las nuevas tecnologías y el uso de internet y los dispositivos móviles.

Gómez del Río ha querido agradecer el trabajo de la Fundación Cuin y la intensa colaboración que la Fiscalía de Cantabria mantiene con el Ejecutivo autonómico en el ámbito de los menores de edad, lo que, en su opinión, ha permitido poner en marcha este programa, que cuenta con una aportación de la Consejería de 59.000 euros, a través de la Subdirección General de Infancia, Adolescencia y Familia.

Por su parte, el fiscal jefe de Cantabria ha puesto en valor un programa "absolutamente" necesario que está teniendo un "gran éxito" en otras comunidades autónomas ante un problema social importante, como son los delitos cometidos por menores de 14 años y que por la edad no pueden ser imputables. "Es muy importante para la sociedad que recuperemos a esos memores o que evitemos que se escapen por donde no tienen que estar", ha remarcado Arteaga.

Finalmente, el presidente de la Fundación Cuin ha destacado que se trata de un programa "muy innovador" que nace este año a partir de las referencias que han llegado de otros programas implantados a nivel nacional y que, en su opinión, "va a dar respuesta a esa necesidad con un acompañamiento educativo tanto para el menor como para su familia".

Para ello, ha explicado, el programa contará con un equipo educativo integrado por una psicóloga con experiencia en materia de medidas judiciales y una educadora con experiencia en materia de protección.

El programa nace con la finalidad de ampliar y mejorar la intervención con menores en riesgo de exclusión social o de inadaptación en menores de 14 años como consecuencia de la comisión de hechos delictivos.

Tal y como establece la ley estatal que regula la responsabilidad penal de los menores, los expedientes por delitos cometidos por menores de 14 años que no tienen responsabilidad peal y abiertos por la Fiscalía de Menores deben ser derivados a la entidad pública de protección de menores a los efectos de tomar las medidas necesarias conforme a la legislación de protección de menores, dado que no se pueden imponer las medidas judiciales previstas por dicha ley.

Posteriormente, la entidad pública valora la posible situación de desprotección en la que pudieran encontrarse dichos menores. En caso de no existir indicadores de riesgo o desamparo, no se interviene desde el ámbito de protección, por lo que el porcentaje de intervención es muy bajo.

Por otro lado, los equipos de intervención de medidas judiciales de medio abierto que ejecutan las medidas con menores de entre 14 y 18 años tendrían que readaptar su funcionamiento y ampliar su actividad, situación que no es posible dada la carga de trabajo.