Cantabria participa en la elaboración de un plan nacional de acción para eliminar barreras burocráticas a las empresas

Para ello, se llevarán a cabo acciones para reducir las barreras en ámbitos de actuación como las licencias de apertura de comercios, el etiquetado digital, la instalación de puntos de recarga, los certificados de eficiencia energética, las instalaciones de baja tensión o la reducción de la dispersión normativa.

Así, se ha aprobado una ordenanza tipo, que favorecerá la sustitución de las licencias de apertura por declaraciones responsables y permitirá que los ayuntamientos tengan una base para la estandarización de normativa local; un etiquetado digital, para disponer de una información completa a los usuarios y sea de fácil implementación para las empresas, y se avanzará en la reducción de barreras en la instalación de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, reduciendo la heterogeneidad normativa.

En la reunión, que ha estado presidida por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han participado representantes de todas las comunidades autónomas, incluida Cantabria; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el presidente del Consejo de la Productividad, Juan Francisco Jimeno.

Todos ellos han abordado la necesidad de un marco común que favorezca la actividad empresarial que, bajo el nombre de 'Régimen 20', pretende identificar áreas para reducir las cargas administrativas a las que se enfrentan las empresas y desarrollar un enfoque regulatorio coordinado para avanzar en la consecución de un mercado único eficiente a nivel nacional.

Además, han analizado el diagnóstico que ha llevado a cabo el Ministerio, en colaboración con todas las comunidades autónomas, municipios y provincias, organizaciones empresariales y sectores implicados para detectar fallos de coordinación entre las diferentes administraciones o la falta de proporcionalidad, y fruto de ese trabajo de diagnóstico común se han identificado barreras relativas o requisitos desproporcionados o cargas administrativas en siete áreas específicas, y se ha elaborado un plan de acción para el próximo año con acciones concretas a implementar desde inicios del 2025. 

Un plan que incluye el primer acuerdo de la Conferencia Sectorial, con la adopción de una nueva ordenanza tipo que supone un paso en la eliminación de barreras a la apertura comercial, ya que favorecerá la sustitución de las licencias de apertura por declaraciones responsables y permitirá, además, que los ayuntamientos tengan una base para la estandarización de normativa local.

Con el fin de dar seguimiento a la implementación de esta ordenanza, se va a desarrollar una plataforma, en colaboración con la FEMP, que compilará toda la normativa local y contribuirá a impulsar su estandarización, facilitando la identificación de barreras en otros sectores diferentes al comercial.

El Gobierno de España, las comunidades autónomas, los municipios y provincias, las organizaciones empresariales y los sectores implicados han acordado seguir avanzando en la identificación de áreas adicionales al ámbito comercial en las que la elaboración de ordenanzas tipo sea útil en la eliminación de barreras.

En materia de comercio, han abordado la implantación de un etiquetado digital que permita disponer de una información completa a los usuarios y sea de fácil implantación para las empresas y han acordado llevar a cabo una serie de actuaciones para avanzar en la reducción de barreras en la instalación de puntos de recarga para el vehículo eléctrico.

Para ello, se modificarán dos reales decretos para orientar los requisitos necesarios para acelerar los procesos de autorización, reduciendo los requisitos vinculados a la autorización para el establecimiento físico de los puntos de recarga.

Además, se clarificará la figura del técnico competente para conectar esos puntos de recarga a la red en el anteproyecto de Ley de Industria y en un desarrollo normativo posterior, dando lugar a una gran variedad normativa.

También pretenden avanzar en el ámbito de la clarificación de la figura necesaria de los técnicos competentes para la elaboración y firma de los certificados de eficiencia energética de los edificios y, para ello, han planteado la modificación de un Real Decreto con el fin de acelerar los plazos en la construcción de viviendas enérgicamente eficientes.

Finalmente, se está trabajando en una herramienta, junto con el Ministerio de Transformación Digital, para simplificar la interacción de las empresas con la Administración, reduciendo su carga administrativa y burocrática.