El pasado 1 de julio, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dio por finalizada la consulta pública para redactar un anteproyecto de ley que trata de dar solución a uno de los principales problemas que plantea la vigente Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 en el ámbito de la planificación urbanística. 

Nadie duda de que los planes urbanísticos son unas herramientas fundamentales para el desarrollo urbano y rural, para la ejecución de la política de vivienda y de muchas otras que constituyen elementos clave para la economía y la creación de empleo. Sin embargo, con frecuencia se convierten en instrumentos cuya tramitación se dilata durante años y requieren de la aplicación de una numerosa y heterogénea legislación. Además, no es raro que tropiecen con obstáculos a menudo insalvables y de consecuencias desproporcionadas, sobre todo cuando, como ocurre hasta ahora, no se admite la posible subsanación o convalidación de defectos formales que, justo es subrayarlo, se está abriendo paso en la práctica más reciente de nuestros tribunales.

Santander es uno de esos ejemplos de consecuencias desproporcionadas que dieron al traste con el Plan de 2012 que había sido el resultado de más de cuatro años de trabajos y consultas, de participación ciudadana y asociativa; fuente a su vez de numerosos convenios y desarrollos urbanísticos, licencias de obra e instrumentos de gestión que, con quiebra de la certeza y seguridad jurídica que afectó en primer lugar a la ciudadanía, pero también a inversores, propietarios, profesionales y un largo etcétera de agentes implicados, fueron arrojados de un plumazo al cesto de los papeles al declararse su nulidad por un defecto externo al mismo como fue la anulación del bitrasvase de agua necesario para la suficiencia de sus recursos.   

El equipo de Gobierno surgido de las últimas elecciones locales parece haber asumido con gusto las limitaciones y dificultades de haber tenido que retomar el planteamiento obsoleto y desactualizado anterior al plan anulado y viene prolongando su aplicación más allá de lo estrictamente imprescindible, generando además un importante retraso en la solución de algunos entuertos urbanísticos, como la apremiante reordenación ferroviaria de la calle Castilla y sin advertir que así tampoco se ayuda a garantizar las cuantiosas inversiones que quieren atraerse a la ciudad con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Llevamos dos años y medio de trabajos preparatorios que tienen la revisión del planeamiento municipal enredada en mesas vecinales, sectoriales, infanto-juveniles y paseos urbanos. Las distintas propuestas tendrán que repetirse una vez que se inicie formalmente la redacción del Plan si desean ser tenidas en cuenta y hasta la fecha han costado a las arcas municipales más de 200.000 euros en un proceso que se llama de participación ciudadana, pero que en realidad debería denominarse de otra forma, porque, llegada la hora de la verdad, para escoger a la empresa encargada de redactar el modelo de ciudad tan solo se valorará con un máximo de 10 puntos sobre 100 la adecuación de las distintas propuestas a la consulta llevada a cabo a través de esa participación. Los valores técnicos, funcionales, urbanísticos, culturales y medioambientales recibirán un máximo de 50 puntos de forma global y la calidad, así a secas, un máximo de 40 puntos.

Y esta es otra: Mientras que el art. 66 la Ley del suelo de Cantabria establece que corresponde al Ayuntamiento elaborar el plan general de ordenación urbana, aunque lo podrá encomendar a equipos externos a los que proporcionará laspertinentes, aquí un jurado internacional, por supuesto elegido a dedo, es quien establecerá esas orientaciones designando a la empresa que elaborará el modelo de ciudad previo a la revisión del Plan. Todo ello como un reflejo más del importante déficit democrático existente en la corporación santanderina, con muy poco espacio para la oposición como resultado de pasadas mayorías absolutas y que, lejos de haberse corregido por los que venían a regenerar, ha dejado reducida la representación de los partidos a una mesa de políticos que ha servido de alegre acompañamiento a las vecinales, sectoriales e infanto-juveniles con las que comparte ese máximo de 10 puntos en la valoración de la adecuación de propuestas a la hora de elegir a la empresa redactora.       

En la concejalía cuentan que tienen puesta la mirada del urbanismo en el año 2055 como hito histórico trascendente por coincidir con la celebración del tercer centenario de la concesión del título de ciudad a Santander y a algunos nos gustaría saber si en esa fecha contaremos ya con un plan urbanístico.