Aprobada por unanimidad la propuesta del PRC contra los despidos en la planta de Nestlé en La Penilla

11/05/26


Una representación de los trabajadores de Nestlé en La Penilla ha asistido esta tarde al Pleno del Parlamento

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad la propuesta del PRC en defensa del mantenimiento del empleo en la fábrica de Nestlé en La Penilla, ante los planes de la empresa de aplicar un expediente de regulación de empleo para despedir a 49 trabajadores.

La diputada y concejala regionalista en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, Ana Obregón, ha sido la encargada de defender la iniciativa, con la que ha instado al Gobierno de Cantabria, los grupos políticos y los sindicados a actuar con "firmeza y diálogo" para lograr que los despidos en la planta cántabra "sean 0".

Obregón se ha felicitado por el consenso alcanzado y ha agradecido la "responsabilidad, el tono constructivo y la sensibilidad" demostrada por los diferentes grupos políticos hacia los trabajadores. "Hemos conseguido que vean que el Parlamento está con ellos", ha precisado.

La iniciativa aprobada esta tarde considera "injustificado" el recorte de personal previsto por Nestlé en Cantabria, dado que la planta de La Penilla no sólo ha registrado beneficios superiores al 16 por ciento, sino que también ha contabilizado en el último año más de 10.000 horas extras y 25 nuevos contratos de trabajadores indefinidos.

Asimismo, destaca que esta fábrica no es sólo "un centro productivo rentable" sino también "un elemento vertebrador del tejido industrial cántabro y un referente histórico para miles de familias", por lo que considera que su continuidad y estabilidad laboral es "esencial para el desarrollo económico del valle de Cayón y para la protección de empleo en Cantabria".

Por todo ello, además de expresar "apoyo firme" a los trabajadores y reconocer su "contribución esencial al desarrollo económico y social de Cantabria", insta al Gobierno a "liderar una respuesta institucional firme, en coordinación con el Parlamento, los representantes de los trabajadores y el Gobierno de España" para evitar cualquier medida de reducción de empleo, "especialmente cuando los datos económicos y laborales evidencian rentabilidad y la existencia de carga de trabajo suficiente".




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