El Gobierno cántabro cumple con la mayoría de los compromisos del Pacto para la Justicia y proyecta más de 5 millones para modernizar las sedes judiciales

Durante la reunión de seguimiento mantenida hoy con los firmantes del acuerdo, la consejera de Justicia ha presentado el balance de ejecución de las medidas comprometidas y ha avanzado el proyecto de Plan de Inversiones en Infraestructuras Judiciales 2027-2031, que contempla actuaciones en todos los partidos judiciales de la comunidad y una inversión global superior a los cinco millones de euros.

Tras agradecer la implicación de todos los operadores jurídicos en el desarrollo del pacto, Urrutia ha subrayado que gran parte de los esfuerzos realizados durante los dos últimos años se han centrado en la implantación del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025, una transformación que ha supuesto para Cantabria una inversión de 2,4 millones de euros. Ha apuntado que el Gobierno autonómico ha realizado esta inversión "en solitario" y que la comunidad reclamará al Ministerio este coste. "Los cántabros no nos merecemos este abandono" del Gobierno de España, ha subrayado Urrutia, tras insistir en la falta de ayuda del Ministerio en la ejecución de la normativa.

Pese a esta circunstancia, la consejera de Presidencia y Justicia ha valorado que la comunidad autónoma ha culminado con éxito la implantación de la nueva Oficina Judicial en todos los partidos judiciales de Cantabria y afronta ahora "una segunda fase de consolidación y mejora del sistema". 

Otro de los compromisos incluido en el pacto es la modernización de las infraestructuras judiciales. En este punto, la consejera ha presentado el proyecto de Plan de Inversiones en Infraestructuras Judiciales 2027-2031, documento que será sometido ahora a las aportaciones y sugerencias de los firmantes del pacto antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Cantabria, prevista para el último trimestre del año.

El plan, aún abierto a modificaciones, prevé una inversión superior a los cinco millones de euros destinada a la mejora, modernización y adecuación de once edificios judiciales distribuidos por toda la comunidad autónoma.

Entre estas actuaciones se encuentra la construcción de una nueva sede para el Instituto de Medicina Legal (IML), una de las principales actuaciones estratégicas contempladas en el documento.

Además, el plan incorporará inversiones en las oficinas de justicia en los municipios para reforzar la proximidad y accesibilidad de este servicio público en el conjunto del territorio.

La consejera ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la modernización de la justicia y ha asegurado que el futuro plan de inversiones permitirá seguir mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.

Avance del resto de compromisos

Según el balance de ejecución presentado hoy por el Gobierno, de los doce grandes compromisos incluidos en el Pacto para la Justicia, -articulados en tres ejes: dotación de medios humanos y materiales, mejora de la gestión administrativa e impulso a los servicios judiciales -, la mayoría han sido cumplidos o presentan un elevado grado de cumplimiento.

Entre las medidas ya cumplidas figura los requerimientos al Ministerio para la creación de nuevas unidades judiciales y la puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander. También el Gobierno de Cantabria ha reforzado plantillas en distintos órganos judiciales y se han aprobado las relaciones de puestos de trabajo de todas las oficinas judiciales de la comunidad.

Igualmente, el Gobierno de Cantabria ha realizado obras de adaptación y reordenación de espacios al nuevo modelo de oficina judicial en los partidos judiciales de Santander, Santoña, Castro Urdiales y Medio Cudeyo. Dentro del actual plan de inversiones que se está ejecutando, destacan las obras de eficiencia energética que afectan al Complejo Judicial de Las Salesas de Santander, que suponen una inversión de más de 640.000 euros para la renovación del sistema eléctrico y la carpintería.

Asimismo, se ha completado el despliegue del expediente judicial electrónico, con una ejecución superior al 81 por ciento de los fondos europeos asignados a este ámbito y la implantación de nuevas herramientas digitales que permiten avanzar hacia una Administración de Justicia sin papel.

En materia tecnológica y organizativa, el Gobierno de Cantabria ha culminado la implantación de las reformas previstas en las leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal, incluyendo la adaptación del sistema de gestión procesal VEREDA al nuevo modelo.

También se ha cumplido el compromiso relativo al despliegue del nuevo Registro Civil, con la implantación de la aplicación DIGIREG en todas las oficinas, la digitalización de los libros registrales posteriores a 1960 y la adaptación de las estructuras organizativas a la Ley 20/2011.

La formación del personal en el manejo de las herramientas tecnológicas constituye igualmente uno de los compromisos ya ejecutados y en proceso de continua potenciación, mediante programas específicos dirigidos a jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como la puesta en marcha de nuevas acciones formativas permanentes.

En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, el Ejecutivo autonómico ha cumplido el compromiso económico adquirido mediante la actualización de los módulos y baremos del turno de oficio y la incorporación de compensaciones para las actuaciones vinculadas a los medios adecuados de solución de controversias. Además, constatado el incumplimiento del Ministerio de su compromiso de reformar la Ley de asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Justicia ha retomado la tramitación de la regulación autonómica.

Junto a las actuaciones ya culminadas, el Gobierno ultima varias líneas de trabajo incluidas en el pacto. Entre ellas figura la revisión de la normativa autonómica de personal al servicio de la Administración de Justicia. Actualmente se encuentran en una fase avanzada de tramitación tres órdenes reguladoras relativas a la provisión de puestos de trabajo, la gestión de personal interino y el régimen de permisos, vacaciones y licencias.

Respecto a la Oficina Fiscal, el decreto autonómico está ya muy avanzado, sólo a la espera de la emisión del informe del Consejo Fiscal. "Confiamos en que el texto definitivo esté aprobado en los próximos meses", ha declarado hoy Urrutia.

También, continúan desarrollándose las medidas para impulsar la mediación intrajudicial, mejorar la atención a las personas vulnerables y avanzar en la planificación de recursos humanos para afrontar el relevo generacional en la Administración de Justicia.

Pacto para la Justicia

El 12 de julio de 2024, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, firmó el primer Pacto para la Justicia en la comunidad autónoma con todos los colectivos profesionales, instituciones y entidades del sector judicial con el objetivo de hacer de la Administración de Justicia un mejor servicio público.

Los organismos firmantes de este pacto son el Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Superior, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y Colegios de Abogados, Procuradores, Psicólogos y Graduados Sociales. Todos ellos colaboran con el Ejecutivo regional para revertir el deterioro del sector, agilizar los trámites y modernizar los recursos para mejorar el servicio de la Administración de Justicia.