El Gobierno de Cantabria apoya a Saint Gobain en la aplicación de la normativa europea por parte del Estado español para impedir la competencia asiática

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha mantenido un encuentro con el director general de Saint Gobain PAM España, Javier Fernández Campal, que mantiene hoy una agenda de reuniones en Bruselas ante las instituciones europeas para forzar al Gobierno de España a aplicar la normativa comunitaria que impida que competidores asiáticos se hagan con contratos en detrimento de empresas españolas. 

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Acción Exterior y la Oficina del Gobierno en Bruselas,  ha apoyado a Saint Gobain en las gestiones ante las instituciones europeas por el impacto que está teniendo la “deficiente” transposición de la directiva 2014/25/UE en España y la actuación de la Comisión Europea ante este incumplimiento que está causando, en palabras de Fernández Viaña, “graves daños en una parte importante de la contratación pública en España y que, además, está provocando que se violen las reglas de reciprocidad en un sector clave del mercado interior europeo”.

Con esta agenda en Bruselas “al más alto nivel, queremos trasladar en primera persona cuál es la situación de esta industria cántabra, - fabricante de tubos de fundición dúctil, la única fábrica española de su ámbito - y las consecuencias que genera la trasposición por parte del Estado español de la directiva europea en su competitividad”, ha señalado la consejera. Esta empresa, localizada en Santander, factura 160 millones al año, que en volumen es casi el 1 por ciento del PIB de Cantabria. 

Saint Gobain ha presentado recientemente una petición ante el Parlamento Europeo para forzar a la Comisión Europea a tomar cartas en el asunto y velar para que en España se cumpla con la directiva que persigue la aplicación de la reciprocidad en el acceso de las empresas a los mercados públicos. 

El Gobierno de Cantabria ha apoyado a Saint Gobain en las gestiones ante las instituciones europeas porque “este incumplimiento provoca que la mala situación que atraviesa la industria europea y cántabra se vea agravada” y que, además, “se estén perdiendo oportunidades de producción y empleos como consecuencia de una ley española que no ha tenido en cuenta el objetivo de la directiva que pretende defender a las empresas europeas de empresas competidoras de países que no aplican la reciprocidad”.

La consejera ha apuntado, por último, que “el Gobierno de Cantabria está con sus empresas y siempre apoyará cualquier acción que sea necesaria para defender sus intereses en Madrid o en Bruselas”.

Trasposición deficiente de la Directiva 2014/25/UE

El Gobierno cántabro apoya a Saint Gobain tras la situación generada por la transposición deficiente en el ordenamiento español de la Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

La normativa europea hace referencia a las disposiciones horizontales que regulan las relaciones con terceros países en el contexto de la contratación pública y, en concreto, cuando las empresas de la Unión tienen dificultades para acceder a los mercados de terceros países.

En España se produce una disfunción por la interacción entre las previsiones del artículo 70 del RDL/3/2020 y la Ley de contratos 9/2017, lo que está generando problemas para aplicar los principios de la directiva en todos los organismos públicos. 

La eurodiputada Izaskun Bilbao ya presentó una pregunta parlamentaria al respecto a la que la Comisión contestó que no había recibido ninguna queja en relación con el cumplimiento de las condiciones de la Organización Mundial del Comercio, por lo que no tenía constancia de ningún problema que pudiera dar lugar a la incoación de un procedimiento de infracción con arreglo al Derecho de la Unión.

A raíz de esta respuesta, desde Saint-Gobain PAM España se presentó una denuncia ante la Comisión Europea el pasado 20 de julio de 2022. A día de hoy, la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, encargada de informar sobre el estado del procedimiento aún lo mantiene en estudio.