El Gobierno destaca el incremento de la confianza de los consumidores cántabros en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos

01/03/25


Imagen de la campaña de fomento del arbitraje de consumo del Gobierno de Cantabria

La Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Cantabria, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, registró en 2024 un total de 1.929 solicitudes de arbitraje, lo que supone un incremento del 19% respecto a 2023, cuando se registraron 1.624, y resolvió 155 nuevas ofertas públicas de adhesión, lo que supone un incremento superior al 193% respecto a las 161 adhesiones tramitadas entre 2022 y 2023.

Unas cifras que suponen un notable aumento en las solicitudes de arbitraje, a lo que hay que añadir que a fecha de 31 de enero de 2025 quedan pendientes de resolución 562 expedientes (29% del total), lo que refleja el elevado ritmo de tramitación de los expedientes hasta el punto de que "no queda pendiente ningún expediente abierto con anterioridad a 2024".

Del total de solicitudes registradas el año pasado, 665 (el34% del total) fueron interpuestas contra las empresas Centros de Depilación Láser Ideal y Centros Único, las cuales se encuentran en concurso de acreedores y los consumidores sólo han podido obtener resoluciones favorables cuando los servicios fueron financiados a través de un tercero.

En lo que respecta al resto de solicitudes, la mayor parte se dirigieron contra las grandes empresas de los sectores de telecomunicaciones y energía y, en especial, electricidad y gas, mientras que el resto de las solicitudes afectaron principalmente al comercio minorista, en su mayoría, adheridos al Sistema Arbitral.

Cantabria fue la comunidad autónoma que más utilizó el sistema arbitral de consumo por cada 1.000 puntos de suministro en el sector eléctrico, lo que refleja la confianza de los consumidores cántabros en la resolución de conflictos a través de este mecanismo, que ofrece una alternativa ágil, eficaz y gratuita para la resolución de las disputas.

Otro aspecto destacado en el balance del Sistema Arbitral de Consumo durante el año 2024 es el notable aumento en las adhesiones como consecuencia de la campaña de fomento del arbitraje llevada a cabo por la Dirección General de Comercio y Consumo, que incluyó acciones promocionales, el incremento de las cuantías subvencionables en las convocatorias de ayudas al comercio minorista, en caso de estar adherido a la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, y a los concesionarios de vehículos al Plan Renove IV.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado que estas cifras demuestran el éxito de las campañas de promoción que el Gobierno de Cantabria ha realizado para dar a conocer y visibilizar la labor del Sistema Arbitral de Consumo y la confianza de los consumidores y empresarios en el propio sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

"Un liderazgo" en el uso del sistema de arbitraje que, en su opinión, "es fruto del compromiso del Gobierno de Cantabria con la protección de los derechos de los consumidores y el impulso de mecanismo de resolución de conflictos accesibles y rápidos".

El consejero ha recordado que la entrada en vigor del nuevo reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo ha supuesto la eliminación de limitaciones de cuantía o materia en las adhesiones, con algunas excepciones para los empresarios y las personas físicas, de tal manera que, del total de adhesiones, sólo 7 se han registrado por la duración mínima exigida, mientras que las 148 restantes han sido por tiempo indefinido.

A pesar de que el incremento de adhesiones en 2024 no se ha correspondido directamente con un incremento de solicitudes de arbitraje en ese mismo año, Arasti ha confiado en que los efectos de la campaña de promoción del arbitraje se materialicen a lo largo de este año y el impacto de las nuevas adhesiones se refleje en un mayor número de resoluciones en 2025, ya que en la segunda mitad de 2024 se registró la mayoría de las solicitudes de arbitraje.

Finalmente, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la protección de los derechos de los consumidores y el impulso de mecanismos "ágiles y eficaces" para la resolución de conflictos.




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