El Gobierno incluirá en el presupuesto para 2026 una partida para ayudar a los ayuntamientos a elaborar los planes de emergencia o guías de respuesta ante incendios forestales

Así lo han garantizado las consejeras de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y de Desarrollo Rural, Isabel Urrutia y María Jesús Susinos, respectivamente, en el transcurso de un encuentro con los alcaldes de Cantabria, para avanzar la "hoja de ruta" que sus departamentos han trazado para ayudar a los municipios a cumplir la ley en materia de emergencias por incendios forestales.

Precisamente, el nuevo Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Cantabria (INFOCANT), aprobado el año pasado, ya contemplaba que 15 ayuntamientos, según el mapa de riesgo realizado en aquel momento, tenían la obligación de elaborar una guía de respuesta municipal, junto a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. 

Sin embargo, justo antes de aprobar el INFOCANT, el Gobierno de España aprobó una modificación de la normativa estatal en esta materia y de la cartografía aplicable, lo que obligó al Gobierno de Cantabria a actualizar el mapa de riesgos del INFOCANT. 

Como consecuencia de este nuevo mapa de riesgos, se clasificó a los ayuntamientos en cuatro niveles de riesgo: muy alto, alto, moderado y bajo. Así, en función del riesgo, son 72 los municipios (71 municipios y una mancomunidad) los que deben elaborar la guía o PEMU, según el caso. "Esa nueva cartografía de que disponemos determina que el riesgo forestal no está solo en 15 municipios, sino que se eleva a 72", han explicado las consejeras.

Guía piloto

En Cantabria, ya hay tres municipios: Rionansa, Vega de Liébana y Arredondo, que, en su día, elaboraron guías de respuesta, "por lo que sólo tendrán que revisarlas y comprobar si el nuevo mapa de riesgos determina una modificación de los mismos" para adaptar el documento.

Para el resto, han añadido, el Gobierno de Cantabria pondrá a su disposición medios materiales, como es la cartografía base del mapa de riesgos, medios humanos, como son los técnicos de la administración regional, que les guiarán en el proceso de elaboración, y medios económicos, puesto que se incluirá en los presupuestos del 2026 una partida que permitiría que los ayuntamientos puedan sufragar los gastos que se deriven de esta obligación. 

De hecho, el Ejecutivo ya está elaborando una guía piloto, la guía del municipio de Los Corrales de Buelna, que servirá como modelo para todos los ayuntamientos, que lo único que tendrán que hacer es adaptarla a sus propias particularidades.