El Gobierno llevará al Pacto para la Justicia la creación de un segundo juzgado de primera instancia e instrucción en San Vicente de la Barquera

Ésta será una de las prioridades que Cantabria quiere plantear al Ministerio de Justicia a principios del año que viene, tras la reunión que el Ejecutivo regional tiene previsto mantener en enero con los agentes firmantes del Pacto para la Justicia para consensuar las principales demandas de la comunidad autónoma.

Será en ese encuentro en el que se dará a conocer a los diferentes agentes del sector el proyecto que va a elaborar el Ejecutivo regional para redistribuir los espacios de la actual sede judicial de San Vicente de la Barquera, ubicada en el casco antiguo, y dar cabida al nuevo juzgado, así como otras necesidades del resto de partidos judiciales de Cantabria, como un nuevo juzgado de lo social en Santander u otro de instancia e instrucción en Santoña. 

"A falta de lo que digan los técnicos, hemos comprobado in situ que sí podemos hacer dentro de estas instalaciones un nuevo juzgado, porque hay suficiente espacio para hacerlo, con lo cual ya hemos quitado un escollo", ha señalado Urrutia, quien ha avanzado que las obras conllevarían una "pequeña inversión".

Y es que, según ha señalado, la carga de trabajo en el juzgado de San Vicente de la Barquera es una de las más elevadas de la región y está en estos momentos en el 137%, cuando el porcentaje que el Consejo General de Poder Judicial considera como adecuado es el 100%. 

En este sentido, la consejera ha apuntado que, a diferencia de otros partidos judiciales, el de San Vicente abarca también el Registro Civil y tramita los casos de violencia de género, por lo que, a pesar de ser el séptimo partido judicial por volumen de población de los ocho que hay en Cantabria -no llega a 21.000 personas-, es el que mayor carga tiene.

Asimismo, ha encuadrado la necesidad de estas visitas a los partidos judiciales en el compromiso recogido en el Pacto para la Justicia de diseñar un plan de inversiones para los próximos cinco años en infraestructuras judiciales, inversiones que se planificarán temporalmente en función de la urgencia de las mismas. 

Nuevo gestor en plantilla

Por otro lado, Isabel Urrutia ha anunciado la incorporación definitiva de un nuevo gestor a este juzgado, una vez que el Ministerio ha aceptado la demanda formulada por el Gobierno de Cantabria. La titular de Justicia ha explicado que el refuerzo realizado a principios de año de forma interina se va a consolidar ahora en la plantilla mediante comisión de servicio, de forma que el juzgado de San Vicente, que tiene en estos momentos dos gestores, cinco tramitadores y dos auxilios, dispondrá de un gestor y un tramitador más de lo que es habitual en un partido judicial de sus dimensiones.

"Una buena noticia", ha valorado la consejera, que ha estado acompañada en la visita por la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza; otros miembros de la Corporación local; el director general de Justicia, Juan Sáez, e Itziar Rodríguez, letrada de la Administración de Justicia.

Pacto para la Justicia

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, firmó el pasado 12 de julio el primer Pacto para la Justicia con todos los colectivos profesionales, instituciones y entidades del sector judicial, que se han unido al Ejecutivo autonómico en torno a un acuerdo inédito en la comunidad autónoma y un objetivo compartido: revertir el deterioro y hacer de la Administración de Justicia un mejor servicio público.

Se trata de un documento que contiene un total de doce compromisos, articulados en tres ejes: dotación de medios humanos y materiales, mejora de la gestión administrativa e impulso a los servicios judiciales. El primero de ellos incluye la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación o mejora de los edificios e infraestructuras existentes, a través de un plan de inversiones calendarizado para los próximos cinco años 

Y en materia de recursos humanos, se va a promover ante el Ministerio de Justicia un plan de empleo para atender las necesidades del sistema y conseguir un adecuado relevo generacional entre los empleados públicos.

Además del Gobierno de Cantabria, se adhirieron al pacto el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía Superior, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y los Colegios de Abogados, Procuradores y Psicólogos.