Fernández Viaña pide la paralización del convenio con Santa Clotilde para definir qué servicios sanitarios requieren colaboración privada

Fernández Viaña ha presentado una enmienda a la proposición no de ley socialista que debatirá el Pleno del Parlamento el próximo lunes, encaminada a reconocer la importancia de la colaboración público privada en el ámbito sanitario, siempre que sea con entidades sin ánimo de lucro y sirva "como hasta ahora" para atender situaciones coyunturales a las que no llega la sanidad pública.

A su juicio, el convenio con Santa Clotilde, cuya aprobación fue ocultada por el Ejecutivo y sólo se ha conocido a través de los medios de comunicación, "no parece cumplir esa condición", dado que el objetivo es externalizar servicios sanitarios por un periodo de 17 años, con un coste de 216 millones de euros.

La parlamentaria regionalista no solo ha criticado el "oscurantismo y la falta absoluta de transparencia" a la hora de tramitar un acuerdo de estas características, sino también que se lleve a cabo "sin una planificación adecuada y sin concretar qué servicios precisan apoyo y colaboración externa".

"No nos oponemos de entrada a la firma de convenios singulares, pero no podemos aceptar que se hagan así, sin un estudio de alternativas, sin analizar la viabilidad y, sobre todo, sin la más mínima transparencia y dando explicaciones tan escasas que no han aclarado ninguna de las muchas dudas que se plantean", ha explicado.

Por ello, ha reivindicado "luz y taquígrafos" y la presentación en el Parlamento de todos los informes que avalen que la firma del convenio y los servicios a los que se dirige son "la mejor solución para el sistema sanitario público, y sobre todo para los pacientes".

Además, ha reclamado que la colaboración con el sector privado "no vaya en detrimento de lo público" y ha instado al Gobierno a invertir "recursos y esfuerzos en mejorar las prestaciones, las condiciones de los profesionales y los medios disponibles en la sanidad pública".

Como ejemplo ha aludido a la externalización de la lectura de mamografías, que considera "aceptable como medida excepcional para solucionar el colapso que vive el programa de prevención del cáncer de mama, por el bien de las mujeres que esperan sus resultados". Sin embargo, esa salida "no puede convertirse en una solución estructural, ni derivar en una puerta abierta a la privatización de servicios sanitarios, como parece que están planteando la presidenta Buruaga y el consejero César Pascual".

"Desde el PRC, exigimos que el Gobierno dé la cara, ofrezca todas las explicaciones necesarias y actúe con la transparencia y el respeto que debe ya no sólo al Parlamento de Cantabria, sino también y sobre todo a la ciudadanía cántabra", ha concluido Fernández Viaña.