Inclusión rechaza el recorte del Plan Corresponsables y exige al Gobierno que mantenga la financiación íntegra para garantizar la conciliación de las familias
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha manifestado su profundo rechazo a la propuesta del Gobierno de España de reducir en un 25% la financiación estatal del Plan Corresponsables, una herramienta fundamental para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de miles de hogares en la región.
La medida del Gobierno central implica que las Comunidades Autónomas deberán cubrir, con fondos propios, el 25% del coste total del Plan. En el caso de Cantabria, esto se traduce en más de 720.000 euros que no estaban contemplados en los presupuestos autonómicos ya aprobados. Esta imposición llega en el mes de mayo, dificultando enormemente cualquier tipo de ajuste o reprogramación sin afectar a otras partidas sociales.
Este programa, impulsado desde 2021 y hasta ahora financiado en su totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ha permitido que 95 de los 102 ayuntamientos cántabros desarrollen servicios de cuidado gratuitos para menores de hasta 16 años. Gracias a él, se han ofrecido actividades esenciales como ludotecas, escuelas de verano, campamentos, refuerzos educativos en periodos no lectivos y cuidados profesionales tanto en centros públicos como, en algunos casos, en los propios domicilios de las familias. Estos recursos son especialmente valiosos en municipios rurales y en aquellas localidades con menos recursos para garantizar servicios básicos de conciliación.
Desde el Gobierno de Cantabria se advierte que este recorte podría obligar a muchos ayuntamientos a reducir o incluso cancelar actividades previstas para este verano, dejando sin cobertura a cientos de familias que dependen de estos servicios para conciliar, especialmente durante las vacaciones escolares. La medida llega, además, en un momento crítico del año: la orden de ayudas del Gobierno regional a las entidades locales aún no ha podido publicarse, ya que depende de que la distribución territorial del crédito sea aprobada en Consejo de Ministros y posteriormente ratificada en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Este retraso administrativo, sumado a la incertidumbre presupuestaria impuesta por el nuevo modelo, amenaza con comprometer seriamente la capacidad de planificación de los municipios cántabros, en especial de los más pequeños.
La Directora General de Igualdad, Tamara González, ha solicitado a las autoridades centrales un diálogo urgente previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad para revisar esta decisión. "El Plan Corresponsables no es un programa accesorio, es una herramienta clave para garantizar que las familias, especialmente las mujeres, puedan desarrollarse profesionalmente sin renunciar a su vida familiar. Este recorte va en dirección contraria a los objetivos de igualdad que tanto proclamamos", ha subrayado González.
El Gobierno de Cantabria, presidido por María José Sáenz de Buruaga, ha expresado desde el inicio de la legislatura un compromiso firme con las políticas de igualdad, conciliación y apoyo a las familias, especialmente en el medio rural. Por ello, se exige al Gobierno de España que rectifique esta decisión y mantenga la financiación íntegra del Plan Corresponsables para el año 2025, tal como se ha venido haciendo en los ejercicios anteriores. Además, se solicita abrir un proceso de diálogo y consenso real con las Comunidades Autónomas para garantizar que cualquier modificación del modelo sea viable, justa y eficaz.
Desde Cantabria, ha añadido Tamara González, "no vamos a dejar solas a las familias que confían en este programa. Porque proteger la conciliación es proteger la igualdad, la cohesión social y el desarrollo de nuestro territorio".

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