La Fiscalía de Cantabria admite a trámite una denuncia del PRC contra el alcalde y 3 concejales de Ruiloba por prevaricación, malversación y desobediencia a resoluciones judiciales

La Fiscalía de Cantabria ha admitido a trámite una denuncia del Grupo Regionalista de Ruiloba contra el alcalde, Julio Pinna, y los concejales Eugenia Martínez, Iván Cuetos y Ascensión Bielva por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos y desobediencia a resoluciones judiciales, cometidos al aprobar la suspensión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario con informes contrarios de los técnicos municipales y mantener la cesión de propiedades del Ayuntamiento a familiares y particulares afines, en contra de varias sentencias judiciales.

La portavoz regionalista, Sara Portilla, ha dado a conocer hoy la decisión de la Fiscalía ante la denuncia formalizada por el PRC el pasado 27 de enero, en la que pide la incoación de diligencias para esclarecer los hechos que su grupo considera ilícitos.

En relación con la estructura organizativa del personal municipal, la demanda afecta tanto al alcalde socialista como a los concejales del PP y Ciudadanos, que el pasado 29 de mayo aprobaron una moción para ampliar la suspensión de la RPT, pese a estar confirmada por varias sentencias judiciales en los términos aprobados en 2022 para el personal funcionario y permanecer únicamente en suspenso para el personal laboral, a la espera de la resolución de procedimientos pendientes ante la jurisdicción social.

Dicho acuerdo fue aprobado con el voto en contra del PRC y con un informe contrario de la secretaria-interventora, que advirtió de su ilegalidad con una advertencia expresa sobre "la responsabilidad penal, civil y administrativa". Al no ser atendido su criterio, la funcionaria actuó de oficio y comunicó la situación a la Fiscalía.

Por otro lado, la denuncia regionalista también se refiere al "incumplimiento contumaz" por el equipo de Gobierno de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y el Juzgado de Primera Instancia de San Vicente de la Barquera sobre la ocupación de propiedades municipales por particulares afines y familiares del alcalde.

La sentencia del TSJC que el PRC considera incumplida avaló el desahucio tramitado en la pasada legislatura por la entonces alcaldesa, Sara Portilla, de un edificio de titularidad pública utilizado por un particular como taller de cerámica "sin título, ni contraprestación para el Ayuntamiento".

Dicha ocupación fue declarada extinta por Resolución de Alcaldía en enero de 2021 y confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en abril de 2023. En el mes de junio, antes del cambio de gobierno, y amparada por un informe favorable de la secretaria-interventora, la alcaldesa dictó una resolución para requerir que el inmueble quedara libre y expedito.
Sin embargo, el pasado mes de noviembre el actual alcalde autorizó de nuevo su ocupación, cediendo "el uso común especial gratuito de dependencias vacantes" para la actividad de taller de cerámica, con el compromiso de impartir clases gratuitas a los vecinos, según consta en la denuncia del PRC.

Los regionalistas opinan que con esa decisión se ha eludido "el cumplimiento de los actos administrativos firmes y de la sentencia que ratifica su legalidad de un modo grosero y con la anuencia del actual secretario-interventor", que dictaminó a favor de la ocupación.

Finalmente, la denuncia insta a la Fiscalía a pronunciarse sobre la no ejecución de las resoluciones judiciales que determinaron la resolución del contrato de arrendamiento de una vivienda propiedad del Ayuntamiento por parte de la hermana del actual alcalde, que reside en ella desde hace más de 40 años "sin pagar nada de nada".

En este caso, los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando una sentencia del Juzgado de San Vicente de la Barquera confirmó la decisión del Ayuntamiento de resolver el contrato y condenó a la ocupante a dejar libre la propiedad. En un auto posterior, en septiembre de 2023, el juez dictó orden de ejecución para liberar el inmueble objeto de litigio, pero hasta el momento el Ayuntamiento de Ruiloba "no ha adoptado medida alguna para ejecutar la sentencia, permitiendo que la hermana del alcalde persista en su actitud incumplidora sin pudor alguno".