Buruaga defiende su política de la construcción de vivienda protegida y seguridad jurídica al pequeño propietario frente al 'intervencionismo' de Pedro Sánchez

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido hoy en el Parlamento autonómico su política de incentivos a la construcción de vivienda protegida y seguridad jurídica al pequeño propietario frente al “intervencionismo” de Pedro Sánchez y a la “inacción” del anterior Gobierno cántabro, a los que ha considerado “responsables” del “grave problema” de acceso a la vivienda.

“Este Gobierno está afrontando de verdad el grave problema de la vivienda provocado por una política que dispara los precios, acosa a los pequeños propietarios, favorece a los okupas y está ocasionando un daño inmenso a muchas familias y a nuestros jóvenes”, ha afirmado la presidenta, que ha rechazado la ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, “que protege al okupa y ataca la propiedad privada” y el “intento de replicar en Cantabria esa ley estatal” que hizo el anterior Gobierno cántabro y que “afortunadamente” se paró tras las elecciones autonómicas y la formación del actual Ejecutivo. 

La presidenta ha precisado que 50.000 viviendas en Cantabria permanecen vacías porque sus propietarios no las ponen en el mercado debido a que la ley de Vivienda no les da ninguna seguridad jurídica. “Les da terror”, ha asegurado Buruaga que ha recordado que esos propietarios en su mayoría no son grandes tenedores, sino   “familias que las adquieren como refugio del ahorro doméstico o patrimonio del esfuerzo de sus padres”. 

A su juicio, la inseguridad jurídica también está detrás del incremento de solicitudes de viviendas para operar como uso turístico “por temor a las medidas represivas de la ley de vivienda: al tope del alquiler, a un posible incremento del IBI por tener la vivienda desocupada, y el calvario para desalojarla si el inquilino no paga”. 

Para la presidenta, “las respuestas tienen que venir de la seguridad jurídica y del lado del incentivo, no de la restricción y del lado coercitivo”, y por eso ha rechazado limitar los precios en las zonas tensionadas, una medida que no ha funcionado y no funciona”, y ha defendido las medidas que su Ejecutivo ha abordado en estos primeros 15 meses de Gobierno. 

Se ha referido a las deducciones en el IRPF por alquiler y la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, especialmente en los municipios en reto demográfico y para los jóvenes, las familias numerosas y las personas en situación de dependencia o con discapacidad, y a la construcción de la vivienda unifamiliar en suelo rústico, “en muchas ocasiones, la mejor vivienda social” con 124 casas autorizadas desde el mes de enero. 

También ha recordado los incentivos a los promotores para que construyan vivienda protegida mediante la actualización del módulo, que ha pasado de cero a 54, y al plan autonómico de vivienda en alquiler a precios asequibles que ha permitido iniciar la construcción de 30 viviendas en Reinosa, Santillana del Mar y Marina de Cudeyo, con el objetivo de llegar a 300.

Además, Buruaga ha explicado que el Ejecutivo ha elevado el precio de la renta de 500 a 700 para que más jóvenes puedan acceder a la ayuda al alquiler y ha puesto en marcha el plan de rehabilitación de edificios públicos en Ayuntamientos y Juntas Vecinales PARA ser destinado a vivienda.

Junto a todas estas medidas, ha apostado por una ley de Vivienda que, en el ámbito de las competencias del Gobierno cántabro, “proteja al propietario para que el mercado de alquiler se dinamice”.