Hernando acusa al PP de convertir la simplificación administrativa en "simplificación urbanística" con 34 cambios de la Ley del Suelo que auguran "especulación y chanchullos" y culpa a

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha acusado hoy al Partido Popular de convertir la Ley de Simplificación Administrativa en "una ley de simplificación urbanística", que introduce 34 cambios en la Ley del Suelo con los que quiere amparar no sólo la construcción de vivienda libre en suelo rústico en el marco de los proyectos singulares de interés regional, sino también modificaciones en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la autorización de autocaravanas y aparcamientos dentro del Parque Natural de Oyambre.

Hernando ha calificado todos estos cambios como "un escándalo", del que responsabiliza al consejero de Fomento, Roberto Media, a quien acusa de "dar más la cara" en esta ley que la consejera de Simplificación, Isabel Urrutia, al tiempo que se ha preguntado si Vox "es parte de esto". "¿Van a permitir que se ataque el territorio de Cantabria, que se ataque Oyambre, el POL, la Ley del Suelo por la puerta de atrás, o van a ser partícipes del chanchullo?".

El portavoz del PRC ha realizado estas declaraciones después de conocer el acuerdo alcanzado por el PP y Vox para aprobar la ley y las 60 enmiendas que ambos han presentado, entre las que se incluyen 10 nuevas modificaciones de la Ley del Suelo, que se suman a las 24 que ya contenía el proyecto de Ley remitido al Parlamento y que no tienen que ver con la simplificación administrativa que se pretende.

Por ello, ha reafirmado que el Gobierno de Cantabria está utilizando esta nueva norma para modificar otras leyes "por la puerta de atrás" y amparar "escándalos" como el uso de los PSIRes para permitir la construcción de vivienda libre en suelo rústico a cambio de financiar sus promesas electorales o la introducción de nuevos aprovechamientos para los parques naturales.

Dada la relevancia de todos estos cambios urbanísticos, ha explicado que el PRC ofreció al Gobierno tramitar una modificación de la Ley del Suelo en el Parlamento para discutirla "con luz y taquígrafos, avanzando y analizando lo que sea mejor para Cantabria", pero la respuesta fue "no" y la presentación de 10 nuevas enmiendas "por la puerta de atrás, con cambios en el POL y en la normativa del parque de Oyambre".

Pedro Hernando ha cuestionado además las propuestas del PP en relación con el reconocimiento de los grados de dependencia y la discapacidad y ha asegurado que no aportan "nada", ni supondrán ningún avance, porque "es todo mentira, como el resto de la ley".

Por lo que respecta al PRC, ha presentado un total de 82 enmiendas parciales, más de las 50 anunciadas en un primer momento "porque el proyecto de ley es mucho peor de lo que pensábamos", para eliminar "todo aquello que no simplifica" e introducir medidas que garanticen "agilidad y la eficiencia" en la relación de particulares, instituciones y empresas con la Administración autonómica.

13 de esas enmiendas son de supresión de contenidos repetidos o que aparecen en la legislación del Estado y de aquellos que no tienen que ver con la simplificación, como la mencionada reforma de la Ley del Suelo o la modificación casi en su integridad del decreto que regula el control de la contaminación atmosférica industrial, al entender que un cambio de ese calado debe realizarse con un nuevo decreto.

Declaraciones responsables

Las propuestas regionalistas inciden también en las declaraciones responsables que podrán utilizar ciudadanos y empresas para iniciar actividades económicas sin necesidad de obtener licencias o autorizaciones previas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales precisas y salvaguardar la responsabilidad de los ayuntamientos.

En este sentido, Pedro Hernando ha explicado que la reducción de la burocracia no debe traducirse en "falta de rigor, ni permisividad frente a las obligaciones legales", por lo que la declaración responsable deberá ir acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de dichas obligaciones, que en algunos supuestos de especial trascendencia pública deberá remitirse a la Administración con tres meses de antelación para permitir las inspecciones y comprobaciones oportunas.

En este mismo ámbito, el PRC elimina la responsabilidad que el Gobierno quiere derivar a los ayuntamientos frente a posibles incumplimientos de las declaraciones responsables e incorpora medidas para apoyar la gestión municipal, como la creación de un servicio de asesoramiento técnico a los municipios con menos de 5.000 habitantes, dotado con 6 profesionales juristas, ingenieros, arquitectos y administrativos. Este servicio deberá ponerse en marcha en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la ley. De no ser así, tendrá que ser la Comisión Permanente de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) la que asuma esas funciones de asesoramiento.

En el ámbito de la atención social, las propuestas regionalistas cambian el sentido del silencio administrativo para las solicitudes de subvenciones, de tal modo que cualquier petición que no reciba respuesta en el plazo de seis meses se dé por concedidas.

Asimismo, y para peticiones de reconocimiento de situaciones de discapacidad y dependencia, plantea la generalización del silencio positivo para dar por concedidas todas aquellas que no reciban contestación en plazo y reduce de 6 a 4 meses los tiempos de respuesta de la Administración.

Otros cambios importantes que el PRC quiere en la ley afectan a la ventanilla única presencial, que debe garantizarse en aquellos lugares donde la brecha digital impida el acceso de la población a los trámites con la Administración, y a la Unidad Aceleradora de Proyectos que planea crear la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, para que pueda facilitar y agilizar la tramitación de PSIRes estratégicos y cuente con los recursos personales y técnicos necesarios para ejercer esa responsabilidad.

Finalmente y dada la complejidad de la futura Ley de Simplificación Administrativa, las enmiendas regionalistas aplican el criterio de 'vacatio legis' y establece un periodo transitorio de seis meses entre la aprobación de la ley y su aplicación efectiva, en aras a permitir que las administraciones y entidades locales puedan adaptarse y evitar que una implementación apresurada derive en problemas de gestión e interpretación, además de facilitar tiempo para desarrollar reglamentos complementarios y asegurar una adecuada formación del personal.

Pedro Hernando ha precisado que el objetivo del Grupo Regionalista es garantizar "una transición ordenada" y ha anunciado que su grupo trabajará para que esté plenamente implementada a finales de 2025, para que 2026 sea "el año de la reducción de la burocracia y la simplificación de los procedimientos administrativos".