La Junta de Gobierno aprobará el lunes la nueva ordenanza del servicio de gestión de residuos

La alcaldesa explica que está basada en un estudio técnico encargado a la Universidad de Cantabria y responde a la obligación legal para aplicar una nueva tasa específica de basuras

La Junta de Gobierno Local aprobará el próximo lunes el borrador de la nueva ordenanza fiscal reguladora del servicio de gestión de residuos en Santander, que establece la aplicación de una tasa específica de basuras que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y el concejal de Economía, Javier García Ruiz, han presentado hoy los detalles de esta ordenanza que el Ayuntamiento de Santander ha tramitado en cumplimiento con la obligación legal impuesta por el Gobierno central a través de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Como ha explicado la alcaldesa, dicha normativa estatal ya no permite que los municipios decidan de forma autónoma la financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, y obliga a cobrar los costes mediante la aplicación de un tributo específico.

Para cumplir con esta nueva normativa, el Ayuntamiento de Santander encargó a la Universidad de Cantabria la elaboración de un estudio técnico con el fin de definir una tasa ajustada a la realidad del municipio y a las condiciones de la ley.

El resultado, según ha indicado Igual, es un modelo que diferencia entre usos residenciales y no residenciales, y que, dentro de cada grupo, aplica tarifas progresivas según el número de empadronados o la actividad económica y superficie del inmueble. Además, se incluyen bonificaciones para situaciones de vulnerabilidad social y para quienes practiquen buenas prácticas ambientales.

En el caso de las viviendas, la tasa tendrá dos componentes: una parte fija y otra variable. La parte fija es común a todas las viviendas y garantiza la cobertura de los costes generales del servicio, mientras que la variable depende del número de personas empadronadas, ya que es un indicador del volumen de residuos que se puede generar.

El término fijo es igual para todas las viviendas y se ha fijado en 103,64 euros anuales (dos euros más que el actual), con independencia del número de personas empadronadas.

El término variable depende del número de personas empadronadas en el inmueble, distribuyéndose en los siguientes tramos: viviendas con 0 o 1 persona, 10,92 €; 2 personas, 28,39 €; 3 personas, 39,31 €; 4 o más personas, 48,04 €.

De esta manera, una vivienda con una sola persona empadronada abonará un total de 114,55 euros anuales, mientras que una con 2 personas, 132,03 €; las de 3 personas, 142,94 €; y las de 4 o más personas, 151,68 €.

En lo que se refiere a los usos no residenciales, la cifra se calculará según el tipo de actividad y la superficie del local. De este modo, se han establecido 12 categorías específicas con coeficientes que tienen en cuenta la naturaleza y la intensidad en la generación de residuos.

Igual ha recalcado que estas cifras reflejan el esfuerzo del Ayuntamiento por aplicar criterios justos, que distingan la capacidad contaminante de cada actividad y aseguren que el coste del servicio se reparta con proporcionalidad.

Bonificaciones

Asimismo, ha subrayado que la ordenanza que regula la nueva tasa incluye bonificaciones sociales para familias en situación de vulnerabilidad y reducciones para quienes adopten buenas prácticas medioambientales. El objetivo, según ha significado Igual, es proteger a quienes más lo necesitan e incentivar un comportamiento responsable que ayude a reducir la cantidad de residuos que se generan.

En este sentido, la regidora ha detallado que las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Social Básica podrán acogerse a una bonificación del 90% de la cuota. En cuanto a reducciones ambientales, ha explicado que se aplicarán rebajas en el término variable a quienes participen en programas medioambientales.

En lo relativo a los usos no residenciales, se establecen diferentes bonificaciones por varios conceptos relacionados con buenas prácticas ambientales, como la contratación de un gestor autorizado de residuos, medidas contra el desperdicio alimentario, contenedores de separación de residuos y adhesión al programa municipal voluntario de recogida de papel y cartón comercial, entre otras.

En cuanto a la aplicación de la tasa, Igual ha informado que, entre marzo y abril de 2026, el Ayuntamiento realizará notificaciones personalizadas a cada contribuyente con el detalle de su recibo -que se girará de forma independiente al del agua- y, a partir de entonces, se podrá abonar en un solo pago anual o en tres pagos en los meses de junio, agosto y octubre.

Respecto a la tramitación administrativa de la ordenanza, una vez que el próximo lunes se apruebe el borrador en la Junta de Gobierno Local, se convocará una comisión extraordinaria de Economía para informar de sus detalles a los grupos de la oposición, y, después, se someterá a su aprobación inicial en el Pleno.

A continuación, se abrirá el preceptivo periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación.

La alcaldesa ha precisado que, aunque la nueva tasa entrará en vigor el 1 de enero de 2026, durante 2025 se realizará una campaña de información pública para explicar su funcionamiento. Así, el Ayuntamiento habilitará canales específicos de atención ciudadana para resolver dudas, tramitar bonificaciones y facilitar toda la información necesaria a los vecinos y titulares de negocios.