Opinión


07/06/19

Javier Domenech

  1. Dolors Bassa reniega de todo

    Dolors Bassa, maestra  y sindicalista de UGT es una señora de  aspecto entrañable y con 60 años, la más veterana de los acusados. Aunque tenía el cargo de Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales no se la recuerda ninguna acción promotora del empleo ni de beneficios por dependencia en Cataluña. Ahora, también es una de los que se desmarcan  de cualquier culpabilidad por  la votación del 1 de octubre de 2017. La señora Bassa,  que protestó por no poder declarar ante el Tribunal en catalán,  y facilitó desde su departamento cualquier actividad relacionada con la proclamación independentista, dice que todo lo ocurrido fue un acto  simbólico argumentando que la prueba de que no se declaró la independencia es que no la hay. Ó sea, que si alguien prepara y participa en un delito, si este fracasa, no existe  culpa alguna. Una curiosa aplicación del Derecho y del respeto a las leyes. Según estas tesis, si una huelga declarada ilegal no consigue sus fines, deja de ser ilegal y quienes la convocan quedan exentos de culpa alguna.

    Pero hay realidades que no puede ocultar. Se le acusa de permitir el uso de centros públicos para la votación del 1-O y en su defensa, rechaza que eso  suponga un acto de rebelión. Según  ella, los colegios se ocuparon desde la madrugada previa  para clases de baile y otras actividades culturales. Pero fue Dolors  Bassa quien retiró a los funcionarios de Trabajo la competencia de vigilarlos ; quien se encargó de  formar  una base de voluntarios para participar en la celebración del 1-O; quien alentó la participación y la movilización social animando a los trabajadores de la Generalitat a participar en la huelga que siguió el 3-O y quien dio  instrucciones a los sindicatos para que informasen que todos aquellos que estuviesen desempeñando su jornada laboral tuviesen tiempo necesario para votar. Ahora también de esto se desmarca,  afirmando  que fue una decisión colegiada y solidaria de todos los miembros del Govern e incluso llega a afirmar, como si tal cosa, “que le han parecido muy bien las actitudes que impidiesen la celebración del referéndum, pero con la proporción adecuada” . Ó sea que la culpa de lo ocurrido  fue de la policía.

    Con su actitud de negar lo evidente y de no defender la causa independentista ante el tribunal, como han hecho todos los acusados, la señora Bassa busca salir del embrollo en que se ha metido y los demás la contemplan como marginalmente ligada al complot, como colaboradora a la que no se presta atención, pero  envuelta en el mismo lío, e insiste una y otra vez, en que no hizo nada a partir de la suspensión de la ley del referéndum. Nada, salvo convocar una huelga general, algo de escasa importancia para un sindicalista avezado. Pero hay un hecho que no puede ocultar: dedicó recursos públicos, humanos y económicos, para llevar a cabo una acción de desafío al Tribunal  Constitucional. Y además, antes había votado las ilegales leyes de transición porque estaba segura de que se llegaría a un acuerdo para la independencia con el Estado. “Había que tener algo preparado”, afirma , acostumbrada al toma y daca de las negociaciones sindicales, confundiendo la política con su actividad anterior.

    ¡Que pena que con su experiencia en UGT, no haya distinguido lo legal de lo delictivo, ni haya sido capaz de ver adonde conducía toda su actuación! aunque fuera como personaje de segundo orden. Tanto que hoy, sentada en el último banquillo de los acusados, es ignorada por todos aquellos que la envolvieron en la conjura.

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