Cantabria, Andalucía, Asturias, Galicia y País Vasco defienden la postura del Ministerio de reclamar a Europa que no aplique el veto de pescar en aguas profundas

Los consejeros de Pesca de tres de las cinco comunidades autónomas -Guillermo Blanco (Cantabria), Rosa Quintana (Galicia) y Carmen Crespo (Andalucía), así como el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, y el director general de Pesca Marítima del Principado de Asturias, Francisco José González, han mantenido hoy un encuentro en la sede de la Consejería de Pesca del Gobierno de Cantabria para fijar una postura común y coordinada con la fortalecer la posición del Ministerio en la defensa del sector pesquero y del sector primario como fuente abastecedora de alimentos y elemento clave en el desarrollo de los territorios.

“Hoy estamos todos unidos para hacer un frente común por esta causa, y desde aquí ofrecemos nuestro apoyo al sector para no cesar en la lucha y al Ministerio como representante ante la Comisión”, ha explicado el consejero cántabro, quien ha considerado que la Comisión Europea no puede seguir por este camino y ha trasladado al ministro Planas el firme apoyo de las cinco comunidades autónomas hoy reunidas en Santander para que inicie las vías necesarias para que se proceda a la suspensión y revisión del documento.

En este sentido, Blanco ha agradecido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la determinación que ha tenido de solicitar la suspensión de la aplicación del reglamento de ejecución sobre las áreas marinas protegidas y recurrirlo ante el tribunal superior de justicia de UE.

Teniendo en cuenta que la pesca constituye una fuente fundamental de alimento de alto valor nutritivo, clave para la soberanía alimentaria de España, al igual que la agricultura y la ganadería, y en especial, para las zonas costeras, como Cantabria, por su valor cultural y su capacidad para generar riqueza y empleo, Blanco ha mostrado su preocupación por ver cómo la política medioambiental va poco a poco imponiéndose a la agraria y pesquera, sin tener en cuenta el valor del sector primario ni las consecuencias socioeconómicas que su destrucción puede tener sobre los territorios afectados.

“No hay que atropellar al sector”

“Nadie desea más un medio marino sano y productivo que el sector que depende de sus recursos y las administraciones que velamos por ellos, pero la conservación del medio ambiente marino no se puede hacer en detrimento de la actividad pesquera, entendida ésta en el marco de la sostenibilidad y el desarrollo medioambientalmente duradero”, ha subrayado Blanco, quien se ha mostrado partidario de políticas transparentes y conciliadoras en el ámbito pesquero y de no permitir que se atropelle al sector con medidas desproporcionadas y con un claro sesgo medioambiental que trata de imponer criterios que no han sido propuestos bajo parámetros científicos objetivos. 

Ha mostrado su disgusto por los oídos sordos que ha hecho el comisario europeo de Medio Ambiente a la petición de revisión de las zonas vedadas y, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los ecosistemas marinos vulnerables sobre la base de estudios científicos, ha pedido ser muy rigurosos con las restricciones que se aplican, ya que no se pueden tomar estas decisiones sin tener en cuenta las afecciones sobre la flota pesquera, que al fin y al cabo son lo más valioso que hemos de proteger.

Ha recordado que la flota que faena en aguas profundas tiene un largo historial de ajustes debido a las necesidades de hacer más sostenible ambientalmente su actividad, por lo que ha considerado que no podemos pedirles más sin que sea realmente justificado, y sobre todo sin una base científica sólida que lo acredite. “Las artes y el esfuerzo pesquero ya han sido fuertemente regulados”, ha recalcado.

El titular cántabro de Pesca ha considerado necesario evaluar el impacto real de las artes de fondo sobre estos hábitats vulnerables y ha instado a tomar cualquier decisión definitiva a partir del mes de noviembre, cuando el ICES sacará una nueva evaluación que contemplará el impacto del resto de artes de pesca.

“Sólo queremos que la Comisión espere y tenga en cuenta esta evaluación más precisa y que, junto a la valoración del impacto socioeconómico que va a generar la medida, proceda a su ejecución en la medida justa y necesaria que se deben hacer estas cosas”, ha afirmado Blanco.

En caso de querer prohibir todas las artes de pesca, el consejero cántabro aboga por conocer antes cómo impactan todas y cada una de ellas, algo que no ocurre en estos momentos porque “únicamente conocemos el impacto del arrastre, ni el palangre de fondo ni las redes de enmalle han tenido su evaluación”.

Por su parte, la consejera del Mar de la Junta de Galicia, Rosa Quintana, no entiende la postura de la Comisión Europea de tomar una decisión que “carece de suficiente base científica y no ha tenido en cuenta al sector ni al criterio de los científicos”.

Por ello, ha asegurado que “vamos a defender al sector porque consideramos que es una actividad muy importante que va más allá del aspecto económico, sino que también tiene una gran capacidad para producir alimentos y que desde el punto de vista medioambiental es muy respetuosa y sostenible”.

Finalmente, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha considerado que la decisión de la Comisión Europea es “injusta a sabiendas” y que, a su parecer, “va en contra del reglamento europeo que regula las aguas profundas en Europa”.

Crespo cree que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Europa porque “tiene fallos de forma y de fondo” y “todos unidos lo vamos a apoyar” desde el convencimiento de que “queremos disfrutar de un medio marino sostenible y los pescadores, los primeros, se esfuerzan cada día por cumplir a rajatabla lo que marca Europa para tener los caladeros en las mejores condiciones posibles”.

En la reunión también han participado la directora general de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Marta López; el director general de Pesca del Gobierno vasco, Leandro Azkue, y el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez.