Cantabria reclama la financiación estatal para los servicios y prestaciones de atención a la dependencia en el Pleno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha reclamado la necesidad de que el estado aporte la financiación comprometida para implementar los servicios y prestaciones de atención a la dependencia y que el Gobierno de España financie el 50% del gasto del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Gómez del Río, que ha participado en la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha indicado que la congelación de la financiación por parte del Ejecutivo nacional "convierte los derechos de las personas en situación de dependencia en papel mojado".
Respecto al Anteproyecto de Ley por la que se modifica Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia ha manifestado que "queremos continuar mejorando las prestaciones y servicios, pero para ello necesitamos que el Gobierno de Estado aporte la financiación".
"No puede aumentar servicios y prestaciones y no aportar financiación dado que de esta forma lo que está provocando es un espejismo y falsas expectativas a las personas dependientes y con discapacidad", ha asegurado.
En este sentido, ha añadido que "no puede pretender aprobar una ley que pretenda establecer los cimientos de la dependencia y discapacidad sin ningún tipo de aportación económica por parte del Estado".
La consejera también ha trasladado el compromiso y el objetivo del Gobierno de Cantabria de seguir aumentado el gasto en servicios sociales para mejorar la calidad de los servicios y prestaciones.
Presidido por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el Pleno ha acordado para Cantabria una partida de 1.198.000 euros destinada a financiar este año el programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, cantidad que no se aumenta respecto al año 2024.

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