Media anuncia la entrada en vigor el jueves del decreto del taxi y destaca la seguridad jurídica que aporta a profesionales, usuarios y administraciones locales

Aprobado el pasado 8 de agosto en Consejo de Gobierno y publicado el 13 de agosto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha señalado que este decreto "da respuesta a una reivindicación histórica del sector", que cuenta con casi 500 profesionales, y que venía rigiéndose por una norma nacional de 1979 "que había quedado totalmente obsoleta".

"Ha sido un trabajo largo y concienzudo de muchos meses", ha explicado el consejero, asegurando que "esta nueva norma viene a garantizar un servicio adecuado en cuanto a calidad y cantidad".

En este sentido, ha indicado que el texto persigue una mejora efectiva en todo lo relativo a las condiciones de prestación del servicio, "con medidas que regulen con detalle tanto la actividad de los profesionales, como los derechos de los usuarios del autotaxi, manteniendo e incrementando los niveles de calidad y seguridad del servicio".

Según Media, "el sector del taxi es un sector estratégico en la región, que garantiza un servicio de transporte público imprescindible y que llevaba demasiado tiempo reclamando muchas de las medidas que se recogen en este decreto para garantizar su supervivencia".

Entre las novedades que incorpora el nuevo texto, el consejero se ha referido a la regulación de las licencias de autotaxi, "que seguirán siendo otorgadas solo por los ayuntamientos". Ha precisado que la Dirección General de Transportes y Comunicaciones será la encargada de dar las autorizaciones que permitan a los taxis la prestación de servicios de transporte interurbano de viajeros, de manera que puedan circular fuera de sus límites municipales.

Otra de las novedades es la posibilidad que se otorga a los ayuntamientos para conceder licencias temporales de manera excepcional, como puede ser la existencia de una alta demanda derivada de actividades estacionales y grandes oscilaciones de población entre el verano y el invierno.

El consejero también ha citado entre las mejoras la implantación de innovaciones tecnológicas que mejoren la prestación y seguridad del servicio del taxi, como sistemas automáticos de pago y facturación, sistemas de navegación y reducción de emisiones sonoras y de contaminación de los vehículos.

Además, se incluye la exigencia de que los ayuntamientos, de acuerdo con la normativa vigente, cuenten en su municipio con vehículos de autotaxi adaptados para las personas con movilidad reducida.

A través de 31 artículos, divididos en seis capítulos, y tres disposiciones finales, este decreto establece el estatuto jurídico de los usuarios del servicio, desarrollando sus derechos y deberes básico; el procedimiento de aprobación de las distintas tarifas; los requisitos para la transmisión de las autorizaciones en caso de fallecimiento, jubilación e incapacidad; así como las condiciones mínimas que deben cumplir los vehículos para la prestación del servicio.

También está previsto regular las áreas territoriales de prestación conjunta en aquellas zonas donde las características de la demanda exijan un planteamiento supramunicipal del servicio.

De cara a los ayuntamientos, se ha establecido un plazo máximo de dos años para adaptar las ordenanzas municipales que regulan este servicio al texto del nuevo decreto.

En la presentación del decreto 55/2024, de 8 de agosto, que regula los servicios de autotaxi en Cantabria, el consejero ha estado acompañado por el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán.

Licencias municipales adaptadas a la población

Por otro lado, Media ha avanzado que la Consejería de Fomento está trabajando en la limitación del número de licencias municipales en función de la población. 

Una cuestión que debe regularse mediante una norma con rango de ley, ha precisado, y que el Gobierno de Cantabria tiene previsto llevar a cabo mediante la modificación de la Ley 1/2014 de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria a través de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que se propondrá al Parlamento para su aprobación junto a los presupuestos de 2025.