El Gobierno destina 2 de cada 3 euros de su presupuesto a gasto social e introduce deducciones fiscales en las zonas rurales y por nacimiento y adopción de hijos

13/11/19


El Consejo de Gobierno se ha reunido esta mañana para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2020. Foto: Lara Revilla

El Gobierno de Cantabria destinará el año que viene 2 de cada 3 euros a gasto social, que incluye el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, fomento del empleo, acceso a la vivienda y cultura. Estas áreas se llevan casi 1.900 millones del total de 2.885.895.788 euros del presupuesto regional para 2020, que sube un 1,2% con respecto al de 2019, 35 millones más, y alcanza su récord histórico.

Además, el documento contempla una reducción de la deuda pública de 35 millones de euros y bonificaciones en el IRPF por nacimiento y adopción de hijos y para residentes en las zonas rurales con riesgo de despoblamiento.

Estas son las líneas maestras del proyecto de ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y que posteriormente ha presentado la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, después de registrarlo en el Parlamento autonómico, donde ahora comienza una tramitación que culminará el 1 de enero con su entrada en vigor.

María Sánchez, que ha estado acompañada por los directores generales de Tesorería y Presupuestos, María Eugenia Gutiérrez, y de Economía, César Aja, ha definido el presupuesto como "realista y prudente" en la previsión de ingresos, "responsable" en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, comprometido con el bienestar social, porque "blinda" los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia, y "ambicioso", porque impulsa el cambio de modelo productivo para "crecer más y mejor".

"Se ha confeccionado un presupuesto para afrontar los retos del presente con una mayor inversión pública, consolidando el apoyo a los servicios básicos que permiten mejorar y ampliar el bienestar de todos los cántabros y cántabras, atendiendo sus necesidades y estableciendo una senda de crecimiento sólida para el futuro", ha dicho la consejera, y todo ello con el objetivo de consolidar las mejoras en educación y sanidad de la legislatura anterior, dar un nuevo impulso al sistema de dependencia, dotar a Cantabria de una fiscalidad "más justa" y luchar contra el fraude fiscal.

Según ha explicado, las partidas destinadas a gasto social suben casi 77 millones de euros, de los cuales 47,8 van dirigidos a sanidad, que representa más del 30% del presupuesto total con 922.064.244 euros. La segunda gran área de gasto es la educación, que tiene una consignación de 579.761.602 euros y sube más de 20 millones, y la tercera son los servicios sociales, que contarán el año que viene con un presupuesto de 244.399.303 euros, lo que significa 7,4 millones más que en 2019.

Por su parte, las políticas de fomento del empleo tendrán una dotación cercana a los 100 millones, más de 30 millones se destinarán a cultura y 22 al acceso de la vivienda. En total, si se comparan los datos de 2015 y 2020, Cantabria ha aumentado su gasto social en 270 millones de euros, es decir, un 12,17% más.

María Sánchez también ha significado que Cantabria empezará el año que viene a reducir su deuda pública en 35 millones de euros, tras el fuerte incremento que se produjo en el periodo 2011-2015, cuando subió un 12%. Esto, ha añadido, permitirá liberar fondos de la amortización de intereses para atender otras necesidades importantes de los ciudadanos.

El presupuesto no financiero (capítulos 1 a 7) aumenta en 82 millones, debido al incremento en más de un 6% de los gastos de personal (capítulo 1) para afrontar la subida de sueldo de los empleados públicos, con excepción de los altos cargos, y la subida de los gastos corrientes para atender el creciente gasto farmacéutico. También se incrementan las trasferencias corrientes para sufragar el sistema de dependencia, mientras que a inversiones reales se destinan 162 millones de euros.

Ingresos y bonificaciones: impulso a las zonas despobladas, fomento de la natalidad y apoyo a la economía social

Los ingresos previstos en las cuentas regionales de 2020 son "realistas" y "prudentes", en palabras de la consejera de Economía. La mayoría de los ingresos provendrán de impuestos indirectos (972 millones), transferencias corrientes (705 millones) e impuestos directos y cotizaciones sociales (606 millones).

El sistema tributario busca el sostenimiento del estado de bienestar en la región, al propiciar el desarrollo económico y favorecer el desarrollo social con medidas que benefician particularmente a colectivos que han de ser objeto de especial protección.

Como principal novedad, se introducen deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF para beneficiar a los cántabros que tienen su residencia habitual en las zonas rurales con riesgo de despoblamiento, es decir, aquellos ayuntamientos con población total inferior a 2.000 habitantes, con una densidad de población menor a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa de envejecimiento, que deberá ser superior al 30 por ciento.

Según ha precisado María Sánchez, en Cantabria hay 56 municipios o ayuntamientos que cumplen estos tres requisitos, lo que supone que más de 48.700 cántabros podrán acceder a las bonificaciones diseñadas por el Ejecutivo.

Así, se aplicarán importantes deducciones a los arrendadores y arrendatarios en los alquileres de viviendas, al autoempleo de jóvenes, gastos de guardería y por los que provengan del traslado a las zonas más despobladas.

Por contratos de arrendamiento de viviendas situadas en zonas de Cantabria en riesgo de despoblamiento y que constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del arrendatario, este se beneficiará de una deducción del 20 por ciento, hasta un límite de 600 euros anuales en tributación individual y 1.200 euros en tributación conjunta.

El arrendador de una vivienda en estas zonas también podrá reducir el rendimiento neto en un 50 por ciento, cuando no constituya una actividad económica y su residencia habitual se encuentre también en la misma zona en riesgo de despoblamiento.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Cantabria amplía las medidas de apoyo al autoempleo entre los jóvenes con ayudas fiscales para que la limitación financiera no sea un problema en su nueva actividad. Así, aquellos jóvenes menores de 35 años que fijen su residencia habitual en zonas de riesgo de despoblamiento y que causen alta por primera vez en el censo de empresarios tendrán rebajas de impuestos que alcanzarán los 1.000 euros.

Otras bonificaciones para los residentes en las zonas despobladas consisten en deducciones por los gastos de guardería de los hijos, que se podrán reducir un 30 por ciento, con un límite de 600 euros anuales por hijo menor de tres años.

Igualmente, aquellas personas que decidan trasladar su residencia habitual a una zona con riesgo de despoblación por motivos laborales, tanto por cuenta ajena como propia, podrán deducir 500 euros en el año en el que se produzca el cambio de residencia y el siguiente.

La otra novedad de calado en el sistema tributario cántabro para el próximo año es la deducción por nacimiento y adopción de hijos que convivan con el contribuyente en la fecha de devengo del impuesto, y que ascenderá a 100 euros por cada hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo.

Además, se incorporan deducciones por inversiones o donaciones a entidades de la economía social en Cantabria, que se concretan en una deducción del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en las aportaciones realizadas con la finalidad de ser socio, un 50% de las cantidades donadas para actividades nuevas o de afianzamiento y un 25% de las cantidades donadas para actividades de fomento y difusión.

Contexto

La consejera ha apuntado que el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2020 se ha elaborado en el actual contexto de enfriamiento de la economía de la zona euro y de acuerdo con las previsiones de crecimiento del Gobierno de España del 2,1% en 2019 y del 1,8% en 2020, en sintonía con otros organismos como el FMI, el Banco de España y la Comisión Europea.

Por otro lado, María Sánchez ha incidido en la situación "excepcional" que supone que en España haya un Gobierno en funciones y un presupuesto prorrogado, lo que impide conocer con exactitud las entregas a cuenta, cuyo crecimiento se prevé en el 3,5%; el incremento salarial de los funcionarios, que se fija en el 3% para el próximo año, y la tasa de reposición de personal y, por último, las transferencias finalistas que la región recibe del Estado, entre las que se encuentran las políticas públicas de empleo o la transferencia correspondiente al coste de las obras de Valdecilla.

Además, ha señalado las cuentas cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para el año que viene, que pasan por lograr el equilibrio presupuestario (0% de déficit), un objetivo de deuda pública del 21,3% y un 2,8% de regla de gasto.




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