Crisis en Interior tras el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M

27/05/20


Diego Pérez de los Cobos

El Gobierno de coalición aprobó ayer aplicar, con fecha 1 de enero de 2020, el último tramo de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil, para lo que habilitará 247 millones de euros, así como agilizar los planes de inversión en infraestructuras para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del plan 2019-2026, por valor de otros 600 millones.

Es la reacción del Consejo de Ministros a la tormenta desatada por el fulminante cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a raíz de un informe del instituto armado sobre el 8-M y la consecuente dimisión del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Laurentino Ceña. Subida de salarios e instituto armado decapitado en la misma mañana.

CONFIANZA

Para el principal grupo de la oposición, el PP, las medidas adoptadas por el Ejecutivo son un mea culpa y un chantaje a los agentes de la Guardia Civil, después de un cese que considera en tal grado escandaloso que ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cabeza de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para más inri, el PP atribuye el pacto de equiparación salarial a un compromiso del gobierno de Mariano Rajoy, y culpa a Marlaska de la dilación en su aplicación. Los tres tramos de subida implementados –en octubre del 2018, en abril del 2019 y en mayo de 2020, todos ellos con el actual ministro al frente de la cartera del Interior– suman más de 800 millones de euros y una subida salarial media en torno al 20%.

La destitución de Pérez de los Cobos se produjo después de que sus hombres elaborase un controvertido informe que sostiene que el Gobierno ocultó información, mintió y retrasó las medidas contra la pandemia para permitir la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo. El informe en cuestión –filtrado ayer por ElDiario.es , medio que asegura que contiene numerosas inexactitudes, declaraciones tergiversadas de miembros del Gobierno, artículos tendenciosos e incluso modifica la fecha en que la OMS declaró la pandemia (que fue cuatro días después del 8-M y no antes, como indicaría el documento)–, fue solicitado por la juez Carmen Rodríguez-Medel, del juzgado número 51 de Madrid, como parte de la instrucción por la que mantiene imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación. No hay miembros del Gobierno investigados en la causa porque entonces tendría que saltar al Tribunal Supremo. Para enredar más la madeja, la juez Rodríguez-Medel, que ha remitido un escrito a la secretaría de Estado de Seguridad advirtiendo de acciones penales por filtrar la pericial, fue alto cargo del ministro de Justicia de Rafael Catalá, en el gobierno de Rajoy.

RETIRO

El ministro Grande-Marlaska, no obstante, desvincula tanto las medidas aprobadas ayer como los ceses de Pérez de los Cobos y Ceña del informe de marras. “He sido juez treinta años”, dijo, y “la palabra injerencia”, nunca ha formado parte de su vocabulario, aseguró. En cuanto a la baja de Pérez de los Cobos de la jefatura de la comandancia de Madrid, sostiene que su sustitución forma parte de la renovación de cargos de confianza discrecional de su ministerio: “No es por haber perdido la confianza, es para ro­dearse de las personas que se entiende son de mayor confianza (...), es una política razonable y normal de reconstrucción de nuevos equipos, dentro del ámbito de máxima confianza que todo dirigente político plantea” y de un plan de “impulso de la Guardia Civil”.

Donde Grande-Marlaska ve normalidad, el PP, que comunicó su posición a través de una nota, aprecia “una crisis sin precedentes en el seno de la institución armada”, por lo que exige que el ministro sea destituido por el presidente, yendo más allá que su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, quien en un parco tuit decretó: “Marlaska debe dimitir. Punto”.

DESTITUCIÓN

Respecto a la dimisión del director adjunto operativo, Laurentino Ceña, quien, según adelantó Vozpópuli , remitió una carta a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en la que expresa su voluntad de irse en solidaridad con la baja de Pérez de los Cobos, el ministro sostiene que, en todo caso, estaba previsto su paso al retiro el 23 de marzo. Esta decisión se pospuso a causa de la pandemia y se pactó que se hiciera efectiva el pasado 13 de mayo (hoy hace dos semanas). Dado que continuaba el estado de alarma, el ministro dice que acordó con Ceña que dejara el cargo el próximo martes, día 2 de junio, de modo que su carta de dimisión –esto no lo dijo el ministro pero lo dio a entender– ha llegado siete días antes de que cesara de facto en sus funciones.

Marlaska ha solicitado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que apruebe el ascenso a teniente general del general de división Pablo Salas Moreno, máximo responsable del servicio de información de la Guardia Civil, para que a la mayor brevedad pueda asumir el puesto de nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil.




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