Cantabria plantea un plan de desescalada para devolver la normalidad a la justicia y propiciar su modernización definitiva

02/06/20


Paula Fernández, durante la reunión. (Foto: Oficina de Comunicación)

Cantabria plantea desarrollar un Plan de desescalada en el ámbito judicial con medidas de seguridad, de personal y de impulso tecnológico y procesal, que implicarán inversiones adicionales en la región, con el objetivo de devolver a la normalidad a la justicia y, al mismo tiempo, propiciar una modernización definitiva de la justicia.

Con este mismo objetivo, ha adelantado la ejecución del Plan de reordenación de sedes judiciales en Santander, consensuado con los operadores jurídicos, y que facilitará habilitar nuevos espacios en el Complejo Judicial de Las Salesas.

Así lo ha asegurado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, en una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados de Cantabria sobre las propuestas de reactivación de la justicia tras el Covid-19, en las que han participado otros representantes de los colectivos implicados en las Administración judicial.

La consejera de Justicia ha destacado la situación de partida de Cantabria respecto a otros territorios por los avances realizados en el expediente judicial y las comunicaciones electrónicas, lo que facilitado celebrar ya vistas telemáticas y deliberaciones por videollamada durante el estado de alarma.

Sin embargo, ha señalado que las inversiones continuarán en este ámbito para extender el teletrabajo en el ámbito judicial entre todos los colectivos, y generalizar los juicios telemáticos en cuestiones más complejas y centralizar la grabación de las salas de vista.

Se trata de un proyecto que ya estaba previsto por el Gobierno regional y que ahora se adelanta para incluir las grabaciones en el propio expediente judicial electrónico, facilitando así el trabajo y evitando desplazamientos a los juzgados.

A esto se añade la adquisición de medios de protección para los empleados públicos, otros de protección colectiva, la adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas condiciones laborales y la reorganización de las sedes judiciales, a lo que se añadirá cuando se avance en el despliegue de Plan de desescalada, el duplicar los gastos de limpieza y seguridad para facilitar unos entornos laborales con todas las garantías para la salud.

En su opinión, se trata de unos gastos extraordinarios que afrontan las comunidades autónomas con competencias en la materia y que el Ministerio debe de respaldar con un fondo extraordinario, tal y como ha solicitado al ministro del ramo en anteriores reuniones de coordinación.

La consejera también ha hablado de la necesidad de impulsar cambios en el ámbito procesal con el fomento de la mediación, la reforma de las leyes para dar cobertura y normalizar el uso de la videoconferencia y otras medidas encaminadas a trabajar con una mayor celeridad.

Según ha dicho, el Gobierno apuesta por la digitalización de la justicia, todavía muy sujeta al papel, y trabajará para eliminar aquel papel innecesario lo que ya conste en el expediente judicial electrónico y en el sistema de gestión procesal Vereda.

Plan de reordenación sedes judiciales

En su intervención en la mesa redonda, la consejera ha expuesto la situación de los proyectos de nuevas infraestructuras y espacios judiciales en la presente legislatura, que el Gobierno regional está ejecutando en estos momentos.

En este punto, ha informado que se ha reubicado en el Edificio Europa el servicio de peritaciones judiciales y el de Informática. Este mismo mes, también se trasladará a este espacio el Equipo Psicosocial de familia.

También, se han empezado los trabajos para crear otro equipo psicosocial para Torrelavega e iniciado los trámites para lograr trasladar la clínica del Instituto de Medicina Legal de Santander a los antiguos tanatorios de Valdecilla.

"Todas estas medidas tratan de generar más espacio en Salesas para las necesidades judiciales, que son bastantes", ha dicho la consejera, quien cree que la actual situación generada por la alarma sanitaria ha llevado al Gobierno "a valorar que los Palacios de Justicia deben ser optimizados".

Por último, Fernández Viaña ha señalado que la colaboración e implicación de todos los colectivos que intervienen en la justicia ayudará a relanzar el servicio público, devolver la normalidad y propiciar que tras esta crisis se introduzcan medidas que consigan la modernización definitiva.

Actualmente, la comunidad autónoma mantiene el despliegue del plan de desescalada para el regreso progresivo a la nueva normalidad en los juzgados y tribunales de Cantabria, que implica, en esta segunda fase, el incremento de los funcionarios en los centros de trabajo en un 61 por ciento de la plantilla. La próxima semana está previsto que se incorporen ya el cien por cien de los efectivos.




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