Cantabria rechaza el acuerdo del Gobierno de España con Cataluña en materia de inmigración y asegura que genera "desigualdad e insolidaridad entre las comunidades"
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha expresado el rechazo de Cantabria al acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios PSOE-Junts para delegar en la Generalidad de Cataluña competencias en materia de inmigración.
Así lo ha señalado tras la Conferencia Sectorial de la Inmigración en la que ha participado por videoconferencia y que ha estado presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
"Consideramos que dicho acuerdo genera desigualdad e insolidaridad entre las comunidades autónomas", ha comentado.
También se ha referido a la repercusión que puede tener este acuerdo para el resto de las comunidades autónomas, criticando la falta de diálogo y de información por parte del Gobierno de España.
Gómez del Río también ha considerado que la modificación del Real Decreto que desarrolla la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España únicamente va a suponer la realización de "regularizaciones masivas" de inmigrantes, siendo las comunidades autónomas las encargadas de prestar los servicios.
Gómez del Río ha expresado el desacuerdo de Cantabria con las modificaciones propuestas "que puedan interpretarse como una política de migración más laxa que podría desincentivar la migración ordenada y legal".
En este sentido, ha mostrado su disconformidad con la modificación que propone una reducción de los requisitos para acceder a distintos permisos de residencia y trabajo.
"Estimamos que estas disminuciones en los requisitos suponen en la práctica que el compromiso con el proceso de integración y adaptación al entorno social y laboral del país de acogida no sea real", ha indicado.
Además, ha precisado que "ello podría suponer un efecto llamada a más personas a ingresar en el país de manera irregular".
"Lo que está haciendo el Ministerio y el Gobierno de España son regularizaciones masivas", ha subrayado, "que también comprometen a la seguridad nacional porque no hacen un adecuado seguimiento de la situación documental de todas estas personas".
Por otro lado, ha criticado que el Estado no cuente con las comunidades autónomas, "obviando sus competencias y no facilitando la información solicitada". Por este motivo, ha reivindicado la lealtad institucional, la cooperación y el trabajo conjunto como base de las relaciones y de las líneas de actuación.
Según ha explicado la consejera, "estas Conferencias siempre vienen troceadas, se oculta información y no se tienen en cuenta las propuestas de las comunidades autónomas".
Ha ejemplificado esta falta de información explicando que en la Conferencia Sectorial se ha dado a conocer que el Gobierno de España ha presentado la implementación a nivel nacional del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entre otras medidas incluye cuestiones relacionadas con el control de fronteras, la colaboración con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y otras medidas de seguridad. "Sin embargo, no se ha dado ninguna información", ha asegurado la consejera.
En la reunión, la consejera de Inclusión Social ha estado acompañada por la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Carmen Arce.

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