El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Control Ambiental y destaca su "clara vocación" por la simplificación administrativa

Así lo ha expresado hoy en rueda de prensa el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media, que ha asegurado que la futura ley tiene una "clara vocación" de simplificación administrativa, en línea con el compromiso del Gobierno de Buruaga para reducir la burocracia a la que se enfrentan cada día ciudadanos y empresas de la región en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental. 

"Cumplimos el objetivo de simplificar nuestra administración, que sea más ágil y que no haya un sinfín de trámites innecesarios que retrasen la puesta en marcha de cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño", ha asegurado. 

En este sentido, Media ha precisado que la nueva norma autonómica busca no generar más burocracia, evitar duplicidades y no solicitar al ciudadano trámites innecesarios que ya recoge la normativa estatal. "Cantabria necesita normas claras, rápidas y una gestión eficiente", ha afirmado el consejero, asegurando que en ese camino trabajan todas las consejerías del Gobierno.

El consejero ha explicado que esta ley, que reemplazará a la "obsoleta" Ley de Control Ambiental Integrado, aprobada en el año 2006, ayudará a impulsar el desarrollo industrial y económico de Cantabria manteniendo todas las garantías de protección del medio ambiente, así como de salud y seguridad de las personas.

"Debemos imponer las cautelas oportunas en la defensa del medio ambiente, pero conjugándolas con procesos razonables que no supongan obstáculos insalvables al desarrollo de un proyecto", ha afirmado Media, haciendo referencia al "equilibrio" que se ha alcanzado con esta ley "buena para todos los cántabros".

Según ha afirmado, el texto, que será ahora remitido al Parlamento para continuar con su tramitación, ha recibido solo siete alegaciones en su trámite de información pública, habiéndose incorporado al mismo gran parte de ellas "por su tono constructivo y su clara finalidad para mejorarlo". Además, ha recordado que este proyecto cuenta con el aval social y empresarial respaldo por el Consejo Asesor del Cambio Climático, un organismo en el que se encuentran representadas más de 70 entidades del tejido económico, empresarial, social, académico y ciudadano. 

Además, Media ha explicado que su departamento ha aprovechado el trabajo realizado por el anterior Ejecutivo que dejó redactado un anteproyecto "que ha sido la base para este texto definitivo", y con el que se ha avanzado posteriormente, de la mano de empresarios y sociedad civil, en la simplificación administrativa.

Durante su intervención, el consejero ha enumerado los seis "claros" objetivos que persigue esta ley:  alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente; simplificar los trámites administrativos en materia medioambiental agilizando la burocracia y evitando duplicidades; establecer un control administrativo ambiental previo a la puesta en marcha de determinadas instalaciones y una supervisión posterior; impulsar la corresponsabilidad público-privada; establecer medidas correctoras para reparar o compensar posibles daños ambientales; y desarrollar instrumentos y mecanismos que fomenten la participación social.

Nueva tramitación "más dinámica y sencilla"

El consejero ha asegurado que esta norma cuenta con dos novedades importantes que supondrán un cambio de modelo y "un giro de 180 grados" en la actual tramitación de autorizaciones medioambientales. Para ello, se establece un nuevo anexo en la ley que separa, "de forma muy clara", qué proyectos van a necesitar solo de una declaración responsable y cuales necesitarán autorización de comprobación ambiental.

En concreto, ha explicado que con la futura ley aquellos asuntos de "escasa relevancia ambiental" no requerirán del informe de comprobación ambiental que actualmente emite la Comisión de Control Ambiental, sino que será suficiente con una declaración ambiental responsable presentada por el interesado y el técnico competente indicando que cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa.

Con esta medida se evitarán meses de espera para la puesta en marcha de la actividad solicitada y al mismo tiempo se mantendrán todas las garantías medioambientales ya que, posteriormente, la administración comprobará que toda la documentación "esté en regla".   

"Si existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de su actividad y podrán ser sancionados tanto el promotor como el técnico responsable con multas de hasta 500.000€ y e inhabilitación de hasta 2 años", ha asegurado.

Por otro lado, el consejero ha explicado que, para proyectos "con alguna relevancia medioambiental", se sustituirá a la Comisión de Comprobación Ambiental por una autorización que emitirá directamente la Dirección General de Medioambiente. 

Con este procedimiento, "más ágil y sencillo", será la dirección General de Medio Ambiente quien recabará todos los informes sectoriales necesarios, realizando la información pública y dando audiencia a los interesados. Además, esta autorización tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá preceder a cualquier actuación en materia urbanística. 

Según ha explicado el consejero, con esta nueva ley, la Comunidad será la encargada de otorgar y vigilar las autorizaciones ambientales integradas (AAI), las evaluaciones ambientales y la emisión de la autorización de comprobación ambiental, suprimiendo cargas administrativas a los ayuntamientos, aunque manteniendo en las entidades locales sus competencias para vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.

"El objetivo final de todos estos cambios es facilitar los trámites a empresas y particulares, agilizar la aprobación de permisos ambientales y quitar carga administrativa a los ayuntamientos", ha asegurado.

Vigilancia continua para el cumplimiento de la ley

El consejero ha asegurado que la Dirección General de Medio Ambiente pondrá "especial énfasis" en las actividades de inspección a través del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada, que se incluye en la futura ley. 

"Todos estos cambios no tendrán ningún sentido si no hay una vigilancia continua desde la administración para comprobar que no hay fraudes, y que se está cumpliendo la ley", ha afirmado Media.

En este sentido, este futuro Plan prevé la introducción de medidas cautelares o incluso la suspensión de la actividad en casos de incumplimientos flagrantes de la normativa, incrementándose las cuantías de las sanciones más graves. En concreto, las multas puedan oscilar entre los 200 euros en el caso de multas leves, hasta los 500.000 euros en el caso de muy graves. O superar los dos millones de euros como contempla la legislación básica estatal en esta materia.

Además, el nuevo texto recoge también que se puedan poner en marcha medidas provisionales urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación de la administración ante un riesgo grave.