El Gobierno refuerza el acceso a la información pública con el decreto de Transparencia y un renovado portal para mejorar las consultas

26/11/20


La consejera de Presidencia y la directa general de Participación Ciudadana, en la sede central del Gobierno de Cantabria (Foto: Raúl Lucio)

El Gobierno de Cantabria ha reforzado el derecho de acceso a la información pública con la aprobación del nuevo decreto de Transparencia, que crea unidades de información en todas las consejerías y agiliza las peticiones, y un renovado portal, que amplía las posibilidades de consulta de la ciudadanía a los datos públicos.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, junto a la directora general de Servicios y Participación Ciudadana, Alicia Solar, han informado del alcance de las mejoras de acceso a la información pública que ofrece el Gobierno de Cantabria como herramienta de consulta ciudadana, gobierno abierto y contra las malas prácticas en la Administración pública,  que se verá completado el próximo ejercicio con el decreto de creación del buzón electrónico de denuncias contra la corrupción, que “garantizará la confidencialidad del denunciante”,  y la elaboración de una nueva ley autonómica de participación ciudadana.

“Son planes y acciones de un gobierno abierto, transparente y participativo”, ha destacado Fernández Viaña, que se ha mostrado convencida de que “la publicidad, la información y la participación institucional son las piedras angulares en la mejora democrática” de la comunidad autónoma, así como de la “recuperación del prestigio de las instituciones”. “A mayor transparencia y participación social, más protección de las instituciones”, ha concluido.

Entre las principales novedades que introduce el nuevo reglamento, en desarrollo de la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de la comunidad autónoma, se incluye una regulación específica de la organización administrativa del Gobierno de Cantabria y de su sector público para facilitar el cumplimiento de la ley, mediante la puesta en marcha de unidades de información de transparencia, dependientes de las secretarías generales, como interlocutores entre el órgano competente en materia de transparencia (la Dirección de Servicios y Participación Ciudadana) y las consejerías, así como sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas.

Igualmente, se refuerzan las garantías de la ciudadanía en su derecho al acceso a la información pública, dado que se detallan y se aclaran los plazos y las causas de inadmisión previstas en la ley, además de los sujetos que deben facilitar la información. Así, como ha destacado la consejera de Presidencia, solo por unas causas previstas legalmente en este decreto se puede limitar total o parcialmente el derecho de acceso a la información (por ejemplo, procedimientos que están en curso, que requieran una previa reelaboración, que sean peticiones repetitivas, abusivas…), pero, “todas ellas deberán quedar debidamente motivadas y justificadas”.

Por otro lado, el reglamento simplifica y agiliza el procedimiento de acceso a la información pública, que, como norma general, es de un mes desde la presentación de la solicitud. Ahora, en el nuevo reglamento se concreta cómo solicitar la información, ante quién y los plazos estipulados en cada caso, así como el modo de recurrir ante una denegación o inadmisión de la información solicitada ante el Consejo de Transparencia estatal.

Sanciones

En cuanto al régimen sancionador, el nuevo decreto determina los órganos competentes para la instrucción y la imposición de sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. La tipificación de las infracciones y las sanciones se incluyen en la ley de transparencia autonómica, que supuso un importante avance dado que la norma estatal no prevé ningún régimen sancionador. 

Lo que introduce este reglamento en el ámbito sancionador son los criterios de aplicación de las infracciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, por ejemplo, lo que se entiende por falta de colaboración y veracidad de la documentación pública, entre otros, de cara a facilitar su aplicación.

Además, se identifican los órganos competentes para la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, por ejemplo, en el caso de los altos cargos del Gobierno regional, la Inspección General de Servicios; así como la competencia para la imposición de las sanciones: el Consejo de Gobierno en caso de faltas muy graves o, en todo caso, cuando el alto cargo tenga condición de miembro del Gobierno, director o secretario general.

Es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración del Estado, en virtud de un convenio, el encargado de abordar las reclamaciones por denegación del derecho de acceso a la información pública en Cantabria, en tanto no se cree el Consejo regional.

Durante 2020, el Consejo estatal ha recibido 43 reclamaciones por posibles incumplimientos del derecho de acceso a la información pública provenientes de las administraciones públicas de Cantabria (Gobierno autonómico, ayuntamientos, Universidad y Parlamento). En 2019, resolvió 68 solicitudes y, en 2018, un total de 82 demandas provenientes de Cantabria.

Renovación del Portal de Transparencia

Por otro lado, la entrada en vigor de este decreto supondrá introducir importantes mejoras en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de ampliar la información pública y mejorar las posibilidades de consulta de la ciudadanía.

En concreto, en los próximos tres meses, que es plazo demorado en el que entrará en vigor la norma, el Portal se adaptará a las nuevas obligaciones de publicidad activa. Hasta el momento, se han introducido mejoras de diseño y de estructura, pero, sobre todo, de simplificación de su uso.

En líneas generales, lo que se amplía es el alcance de la información. El Portal ampliará la información respecto a apartados que ya figuraban anteriormente, como es el caso del registro público de contratos, cuentas bancarias, solicitudes de información más frecuentes, bienes inmuebles en propiedad o sobre los que se tiene algún derecho real, gestión del empleo público y convenios laborales, junto al inventario de entidades del sector público institucional.

Además, el Portal de Transparencia incrementará sus contenidos, como, por ejemplo, con los estudios demoscópicos, sociológicos y de opinión que se realicen, información estadística en formatos accesibles y reutilizables e información sobre políticas sociales y de discapacidad. Por último, se ha rediseñado su estructura para hacerla más directa y accesible.




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