El Gobierno regional apoya la propuesta del CGPJ de crear una nueva unidad judicial en Cantabria y recuerda el déficit actual con órganos "cada vez más sobrecargados"
La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria ha apoyado la propuesta realizada hoy por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de crear una nueva unidad judicial en la comunidad con el fin de agilizar la actividad de los juzgados y tribunales.
En este punto, ha recordado el déficit de la planta judicial actual en la comunidad con órganos "cada vez más sobrecargados" y la necesidad de reforzar los partidos judiciales de Santander, Santoña y San Vicente de la Barquera.
Por todo ello, la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha vuelto a criticar la reciente decisión del Ministerio de Justicia de eliminar una plaza de juez de instrucción para transformarla en una de violencia sobre la mujer, "desatendiendo las peticiones del CGPJ y del propio Gobierno cántabro, y dando la espalda a las necesidades de la justica cántabra".
"Todos los colectivos judiciales firmantes del Pacto para la Justicia de Cantabria se han manifestado de forma unánime a favor de ampliar el número de unidades judiciales y el Ministerio, ante este contexto, lo rechaza y además decide reducir las plazas de instrucción dificultando aún más la prestación de un servicio eficaz", ha lamentado la consejera.
Y es que, según ha explicado, los estudios sobre las cargas de trabajo de las unidades judiciales, el nivel de resolución y pendencia que recoge el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en sus últimas memorias reflejan que los órganos están "sobrecargados" y la situación es "preocupante" de cara a garantizar un buen funcionamiento de la Administración judicial en la comunidad.
Por ello, Isabel Urrutia ha vuelto a instar al Ministerio a que atienda las peticiones de Cantabria, y ahora del propio CGPJ, y apruebe cuanto antes nuevas unidades judiciales en la comunidad autónoma con las que "aliviar la carga de trabajo en los órganos judiciales y los atrasos importantes que se producen". Algunos señalamientos en la jurisdicción social, ha indicado, están siendo "extremadamente tardíos", vulnerando incluso el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

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