Las CCAA rompen el consenso con el Gobierno tras la intervención de fondos: "Evita que se mantenga el empleo"

La intervención de los fondos a la formación profesional gestionados por las Comunidades Autónomas para pagar el ingente volumen deayudas al paro que deberá desembolsar el Gobierno desde el próximo 10 de abril han tensado hoy la reunión entre ambas administraciones. Siete comunidades han rechazado la iniciativa del Gobierno, acordada ayer por el Consejo de Ministros como una de las novedades en su tercera oleada de decretos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. 

La división autonómica en torno a la respuesta del Gobierno se hace así evidente. La medida, que interviene los fondos a la formación profesional recaudados a través de una carga del 0,7% sobre las nóminas de los trabajadores y que están presupuestadas en 2.414 millones de euros, ha sido respaldada por el resto de gobiernos regionales, con lo que ha salido adelante. Trabajo había convocado esta mañana a los gobiernos autonómicos a una reunión en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se ha prolongado cinco horas.

El acuerdo final ha sido distribuir 1.048 millones de euros para políticas activas de empleo. Trabajo repartirá el 90% de los fondos públicos, en un contexto de enorme dificultad dado que "no sabe cuánto será capaz de recaudar" pero queremos "avanzar a las CCAA el reparto de 1.048 millones de euros", ha indicado la ministra Yolanda Diaz.

El malestar entre los gobiernos que rechazan la medida se ha expresado en términos rotundos en una carta conjunta enviada por varios de estos gobiernos a la ministra Díaz. Manuel Giménez Rasero, consejero de Empleo madrileño, ha remitido una carta a la responsable de Trabajo en la que destaca el "menosprecio" que supone no haber realizado ninguna consulta con los gobiernos autonómicos para explorar alternativas y "prácticamente eliminar la posibilidad de poner en práctica políticas activas de empleo en su territorio".

Según estimaciones de la Comunidad de Madrid, la intervención de los fondos de formación profesional implica que el Gobierno regional va a dejar de percibir 139,5 millones de euros destinados a desarrollar cursos de cualificación y recualificación profesional dirigidos a personas desempleadas y trabajadores. El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso asegura que con la decisión unilateral de eliminar el reparto de fondos a las comunidades autónomas, "el Gobierno central reduce los derechos de los trabajadores y evita que se mantenga el empleo".