El Ayuntamiento traslada al jefe de Servicio de Parques y Jardines e incoará un expediente a la empresa por supuestos incumplimientos

03/12/19


La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada de la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha dado a conocer esta mañana el plan de acción del Ayuntamiento tras un informe del plan de control financiero efectuado por la Intervención municipal sobre posibles incumplimientos en el contrato del servicio de Parques y Jardines, adjudicado a la UTE Urbaser-Contratas Piñera en febrero de 2012.

Nada más trasladado dicho informe a la Concejalía, el equipo de gobierno ha actuado “de manera inmediata” elaborando un plan de acción que se presentará al Pleno del Ayuntamiento antes de finalizar el año y que ya ha incluido, como medidas cautelares, la revocación de la asignación temporal de funciones del jefe de servicio y su traslado a otro departamento municipal.

De igual forma, se ha puesto en conocimiento al servicio de Contratación para que se incoen a la empresa expedientes de imposición de penalidades y de determinación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones así como de los expedientes de las revisiones de precios del contrato.

La tercera de las acciones iniciadas por el equipo de gobierno ha sido solicitar al servicio de Personal que inicie el procedimiento para la provisión definitiva del puesto de jefe de servicio de Parques y Jardines; que emita la pertinente orden o instrucción interna relativa al restablecimiento de la función administrativa del personal adscrito a este departamento; y que extinga cualquier situación irregular del personal externo vinculado al Ayuntamiento.

Por último, y en base a las recomendaciones del servicio de Intervención se adjudicará el nuevo contrato en un plazo máximo de dos meses.

Estas cuatro medidas se han adoptado “con diligencia, con responsabilidad y con transparencia”, tal y como ha puntualizado la alcaldesa, en cuanto se ha conocido el informe de la Intervención general siguiendo las recomendaciones que dicta y los criterios que marcan los servicios técnicos.

En dicho documento se concluye que se ha podido producir un supuesto incumplimiento de la empresa respecto a varias de las obligaciones: Respecto al personal, empleando menos trabajadores que los que estaba obligado por el pliego y por la oferta; respecto a los medios, al no haberse acreditado; respecto a las mejoras, por falta de documentación; y respecto a la revisión de precios, dado que existen periodos donde no se ha realizado.

Este informe de control abarca el periodo 2012-2018, desde que entró en vigor el contrato con la UTE Urbaser-Contratas Piñera hasta diciembre de 2018, por un importe anual cercano a los ocho millones de euros. Tal y como ha detallado la alcaldesa, esta evaluación se suma a los otros dos controles que incluyen los mecanismos de fiscalización y autocontrol del Ayuntamiento, que son el control previo del gasto que se va a realizar y el control rutinario que se realiza con la revisión de las facturas.

Dichas facturas fueron firmadas por el Jefe de Servicio, aunque, tal y como pone de manifiesto el informe del Interventor, sin la supuesta revisión necesaria para certificar que el contrato se estaba ejecutando correctamente. 

No obstante, y según insiste Gema Igual, dicha evaluación no ha podido completarse debido a que la empresa no ha aportado toda la documentación, por lo que ha solicitado “máxima prudencia” hasta que se esclarezcan los hechos.

Lo que sí se puede constatar es que desde el Ayuntamiento se llevaron a cabo todos los trámites cumpliendo con la legislación vigente. Es decir, que como el plazo del contrato, incluidas las dos prórrogas, finalizaba en febrero de 2018, unos meses antes –en agosto de 2017- la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente para sacar a concurso el nuevo.

Como se recordará, hasta este momento no ha sido posible formalizar dicha adjudicación por una serie de circunstancias que comenzaron con la disconformidad de los servicios de Intervención, Contratación y Jurídicos con la valoración que realizó el jefe de servicio de Parques y Jardines en uno de los apartados, que proponía la descalificación de todas las empresas licitadoras excepto la actual adjudicataria.  

Posteriormente, y tras una consultoría externa sobre la valoración, cuando la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del contrato a la UTE Imesapi-La Encina-Copsesa por un importe anual de 7.714.521 euros anuales, desde el servicio de Intervención se validó la viabilidad económica de la oferta, pero, para mayor garantía para el Ayuntamiento, se realizó una consulta formal a la Junta Consultiva, que está pendiente de pronunciarse.

Todo este proceso ha ocasionado el retraso en la adjudicación y ha provocado que, una vez finalizado el contrato y sus prórrogas, a partir del 14 de febrero de 2018, se esté manteniendo la prestación por la empresa adjudicataria del contrato anterior (UTE Urbaser-Contratas Piñera) hasta la adjudicación del nuevo contrato, al tratarse de un servicio ineludible.

Para el equipo de gobierno la prestación de unos servicios públicos de calidad y que cumplan fielmente con las condiciones de su adjudicación está “fuera del debate político y del enfrentamiento partidista”, matiza la alcaldesa.

Por eso, y en aras de la máxima transparencia, mañana, 4 de diciembre, tendrá lugar una comisión extraordinaria de Desarrollo Sostenible para informar a los grupos políticos municipales del resultado del informe y las medidas a adoptar, así como para hacerles entrega de la documentación correspondiente (informe de Intervención, plan de acción y acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local) y antes de que acabe el año, se trasladarán al pleno de la Corporación ambos documentos.

Finalmente, la alcaldesa ha pedido “prudencia” y que no se malinterpreten sus palabras. “He sido muy rigurosa en dar cuenta de este informe, siendo muy consciente de que tenemos a 199 personas trabajando en Parques y Jardines”, ha añadido Igual, alabando asimismo el trabajo de los funcionarios municipales, que son los que van a instruir los expedientes con la máxima responsabilidad “dando voz a quien corresponda”. 

“El Ayuntamiento de Santander funciona por los maravillosos funcionarios que hay; los servicios que prestamos a los 173.000 santanderinos es porque tenemos 1.200 empleados públicos que hacen su trabajo y que en muchas ocasiones van más allá, porque hay personas en departamentos que tienen que tener una sensibilidad personal especial y, en este caso, no quiero que se extrapole a más este informe que afecta a una sola persona”, ha concluido la alcaldesa.




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