Santander no subirá los impuestos en 2026 y mantendrá las bonificaciones y exenciones

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta de ordenanzas fiscales, que sólo incluye, por obligación de contrato, la actualización de la tasa de agua y alcantarillado según el IPC marcado por el Gobierno de España

El Ayuntamiento de Santander no subirá los impuestos municipales el próximo año y mantendrá una línea de bonificaciones, exenciones y gratuidades fiscales que, en su conjunto, supondrán un ahorro de 12 millones de euros para los vecinos.

El IPC tampoco se aplicará, excepto en la actualización del servicio de agua y alcantarillado, que, por obligación del contrato, debe adaptarse al índice de inflación marcado por el Gobierno de España, que en este caso se sitúa en el 2,7%.

“No subimos nada, sólo actualizamos el IPC en el agua y en el alcantarillado, bonificamos y seguimos apostando por que el dinero se quede en el bolsillo de los santanderinos”, ha resumido la alcaldesa, Gema Igual.

La regidora ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, de forma que se mantienen las medidas fiscales “proteccionistas” que el equipo de gobierno ha adoptado desde el año 2013.

Igual ha enmarcado esta política fiscal del Ayuntamiento de Santander en un contexto generalizado de aumento de precios, “con una inflación acumulada del 22% desde 2018, una subida exagerada del precio de la vivienda o un incremento del 38% en la cesta de la compra desde 2018”.

Ante esta situación, y ante la progresiva pérdida de poder adquisitivo y la creciente presión fiscal derivada de las 94 subidas de impuestos aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, Igual ha puesto de relieve que el Ayuntamiento de Santander “debe proteger a los santanderinos”.

En el mismo sentido, se ha referido a la entrada en vigor el nuevo año de la nueva tasa por el servicio de gestión de residuos, que, como ha recordado Igual, los ayuntamientos deben aplicar obligados por la ley impuesta por el Gobierno central.

“Por eso, la frase coloquial que enviamos a los santanderinos es: bastante tenéis con este Gobierno de España, por lo que este Ayuntamiento va a intentar ser autónomo y va a propiciar que el dinero se quede en vuestro bolsillo”, ha apuntado Igual.

De esta manera, y de acuerdo a lo que representan estas ordenanzas fiscales, Igual ha cuantificado en 2,6 millones la cantidad que el Ayuntamiento deja de ingresar al no actualizar el IPC en los tributos municipales, lo que, unido a los 9,4 millones que suponen la aplicación de las bonificaciones y exenciones, suman un total de 12 millones de euros que los santanderinos se ahorrarán en impuestos el próximo año.

La alcaldesa también ha criticado los perjuicios que supone para la organización económica de los ayuntamientos la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y ha sostenido que “sólo el colchón que tiene el Ayuntamiento de Santander, debido a su solvencia económica, nos permite continuar con esta política de congelación de impuestos”.

Impuestos en el mínimo legal

Por otra parte, la alcaldesa también ha recordado que, en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en los últimos años se ha producido en Santander un importante descenso en el tipo impositivo, que es la parte sobre la que puede actuar el Ayuntamiento, ya que el valor catastral viene determinado por el Estado.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento aplica un 0,40%, lo que representa el mínimo que permite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es el mínimo histórico en Santander y la sitúa como la capital de provincia con el tipo impositivo más bajo de España.

En términos similares se ha referido sobre el impuesto de plusvalía, en el que Santander tiene el segundo tipo más bajo de toda España, sólo por detrás de Bilbao.

“Es decir, los dos impuestos que generan más economía a este Ayuntamiento, ya que entre los dos suman cerca del 60% de los ingresos fiscales, son los que más baratos tenemos en comparación con otros ayuntamientos”.

En cuanto a las tasas de agua y alcantarillado, en las que, por obligación del contrato, sí debe aplicarse el IPC, la alcaldesa ha precisado que, para paliar este incremento, se mantienen los tramos y las bonificaciones para reducir las facturas a las familias santanderinas.

De esta forma, se aplicarán bonificaciones consistentes en las siguientes reducciones: 95% a los desempleados, a todas las familias con rentas inferiores a 1.5 IPREM y a las familias numerosas y monoparentales con ingresos brutos inferiores a 3 veces el IPREM. Del 50% a todas las familias con rentas entre el 1,5 y 2,5 IPREM y a las familias numerosas y monoparentales sin límite de renta.

En el detalle de lo que supone esta subida para los santanderinos, Igual ha recordado que, en la ordenanza municipal de Santander, existen dos tipos de tarifas, doméstica y no doméstica, y dentro de cada una se factura por bloques, de manera que se paga por lo que se consume, y, además, paga más el que más consume.

Así, según un cálculo estimativo, para una casa donde vivan dos personas, con un consumo trimestral de 21 m3, la subida será de aproximadamente 0,31 euros al mes, mientras que para una unidad familiar de 3 o 4 personas, con un consumo trimestral de 28 m3, el incremento será de 0,34 euros. Estas reducciones beneficiarán a 3.491 contribuyentes, con un ahorro aproximado de 330.000 euros.

En el caso de un bar medio, el aumento se situará en torno a los 0,47 euros al mes y para una cafetería grande, la subida supondrá 4,72 euros mensuales.

Tramitación

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, las ordenanzas fiscales se someterán al dictamen de la Comisión de Economía y se llevarán al Pleno para su aprobación inicial.

Después de la aprobación en el pleno, continuaría la tramitación habitual, de forma que se someterán a exposición pública durante 30 días hábiles y, si transcurrido ese plazo no hubiera alegaciones, quedarían aprobadas definitivamente de manera automática.

En caso de presentarse alegaciones, deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al Pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.