El PRC pide explicaciones al Ayuntamiento sobre la instalación de un almacén de baterías en Solórzano

20/02/25
La portavoz del PRC en Solórzano, Gema Perojo, ha pedido explicaciones al alcalde, Santiago Campos (PP), sobre el proyecto financiado por el Ministerio de Transición Ecológica para instalar un almacén de baterías en el municipio y ha cuestionado su "silencio" sobre una actuación que, a su juicio, "no reporta ningún beneficio a los vecinos y sólo responde a intereses ajenos a las necesidades del municipio".

"Los regionalistas no entendemos que el Ayuntamiento se limite a decir que carece de información detallada, cuando su responsabilidad es recabar todos los datos y defender con uñas y dientes el interés de los vecinos", ha manifestado. 

Además de rechazar que Solórzano pueda convertirse en "un vertedero energético", Perojo ha advertido que el proyecto avalado por el Ministerio no supone creación de empleo, ni mejora las infraestructuras locales, sino que "compromete el desarrollo del municipio en favor de intereses externos y sin compensaciones reales para la población".

Asimismo, ha criticado la "incoherencia" del Partido Popular en materia energética y ha contrastado su "oposición frontal" al desarrollo de proyectos de energía renovable durante su etapa en la oposición con "el silencio y el desconocimiento" actual ante una iniciativa "muy cuestionable y que genera un profundo rechazo vecinal".

"El PP de Cantabria se posicionó en contra de parques eólicos y otras instalaciones energéticas por una supuesta defensa del paisaje y los intereses de la población, pero parece que ahora defiende otras prioridades", ha lamentado.

Por el contrario, "los regionalistas siempre hemos defendido lo mejor para Solórzano", ha agregado Perojo, quien ha recordado las alegaciones presentadas el pasado mes de agosto contra el almacén de baterías ante la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, en base al impacto paisajístico del proyecto, que pretende desarrollarse en una parcela catalogada como suelo rústico de especial protección agropecuaria, donde "están prohibidas instalaciones de alto impacto".

Las alegaciones del PRC también incidieron en la incidencia sobre la fauna y la biodiversidad y la proximidad del almacén a las viviendas, con los consiguientes problemas de ruido y electromagnetismo que "pueden afectar a la salud de los vecinos", así como la falta de estudios sobre los impactos acumulativos de un almacén de estas características en otras infraestructuras energéticas, el riesgo de incendios en una zona propensa y la falta de información a la ciudadanía.