Fernández (PSOE) reivindica la Comisión de Investigación para aclarar el futuro modelo de gestión de las basuras

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, reclama que se abra el debate sobre la gestión directa de los servicios públicos tras “el fracaso del modelo del PP” en el contrato de basuras de Santander y reivindica que se abra la Comisión de Investigación para aclarar qué ha fallado y determinar el futuro modelo de gestión.

En su opinión, al actual   conflicto abierto se ha llegado “por culpa del PP y como consecuencia de una cadena de decisiones políticas”. “Este desenlace es la descomposición de las relaciones de poder que durante décadas ha forjado la derecha santanderina. La resolución de las basuras tiene que ser el fin del ciclo del PP en Santander”, ha enfatizado.

Así se ha expresado Fernández este martes en una rueda de prensa en la que ha anunciado que “el PSOE va a defender con todas sus energías” que los vecinos de Santander puedan debatir sobre algo que considera “un clamor ahora mismo en la ciudad”. 

“Es el momento idóneo para que se abra un debate sobre el mejor modelo para prestar los servicios públicos. El PP ha fracasado, y por eso se apresura para cerrar en falso la posibilidad de la gestión directa o de la gestión municipal”.

En esta línea, ha acusado al PP de mentir porque “no hay un solo informe técnico que diga que no es factible la gestión directa del servicio de basuras”. De hecho, ha destacado que el informe de los Servicios Jurídicos apunta a que la primera posibilidad de todas las que ofrece la Ley en la resolución de un contrato “es la gestión directa del servicio público esencial”.

Además, ha apuntado que la declaración de emergencia para adjudicar “a dedo” la limpieza viaria, “sin precedentes en España”, se debe a conclusiones extraídas únicamente por el Partido Popular, por la directora de Medio Ambiente, Belén Domínguez, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y por la propia alcaldesa, Gema Igual.

Interés “político y partidista” en decisiones que deben ser aclaradas

Y ha defendido la necesidad de una Comisión de Investigación para aclarar todo lo sucedido. “Los que nos han conducido a esta situación no deberían tomar las decisiones del futuro porque pueden estar muy condicionados por sus decisiones del pasado”, ha concluido.

“Adjudicar a dedo por la emergencia derivada de la resolución provocada por el PP, es otra decisión del PP, y poner en marcha la licitación de urgencia para mantener el servicio externalizado, es otra decisión política del PP”, ha puntualizado.

Por ello, ha reclamado que debe aclararse “si detrás de esta resolución hay un interés de adjudicar el próximo contrato por la vía de urgencia en esta legislatura y por el actual Gobierno en minoría”. 

Para Fernández, las decisiones políticas tomadas estos días por el PP “están marcadas por el interés político y partidista” con“argumentos peregrinos, improvisados y contradictorios”, a través de una declaración de emergencia que firmó la alcaldesa el pasado 13 de octubre.

Ha cuestionado el “cambio de percepción” de Gema Igual sobre el COVID-19, que “ahora utiliza para justificar que la ciudad está ante un grave peligro”.  ”La misma Gema Igual que cuestionaba en verano la incidencia y nos hablaba de la población flotante, enfatiza ahora el contexto del COVID-19 para justificar que la ciudad está ante un grave peligro. Nos parece sospechoso, cuanto menos”, ha criticado.

Una declaración de emergencia a la que se llega “por culpa del PP” y por la propia resolución del contrato, cuyas consecuencias “no había previsto”. 

30 millones de euros en reclamaciones judiciales

El PSOE ha vuelto a expresar su preocupación por los sobrecostes que tendrá el contrato de emergencia con CESPA y por la judicialización por el conflicto entre el Ayuntamiento con ASCAN-GEASER.

“Estamos hablando de un volumen de 30 millones de euros adjudicados a dedo que pueden estar judicializados por las reclamaciones de la empresa despojada del contrato”, ha subrayado, al tiempo que ha alertado de “la letra pequeña” con CESPA, que “llevará a modificados” presupuestarios.  

Fernández ha recordado “la cadena de decisiones políticas”, desde el pliego, “el pecado original”, con un contrato en el que “el PP recortó un 20% mientras subían un 125% la tasa de basuras” y que se ha traducido en recortes de personal.  “Ha sacado de las calles a 80 barrenderos en 8 años”, ha recalcado. 

Además, ha señalado que hubo “cinco años de nula fiscalización” del servicio, hasta los 21 expedientes abiertos contra la empresa “a la mañana siguiente de la última noche electoral”, “con el peor resultado de la historia del PP y la investidura en manos de Ciudadanos”.

En su opinión, “la responsable del contrato, del anterior y del actual de emergencia”, es la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, “alto cargo del PP, cargo de confianza, a dedo, del PP”, ha subrayado. “La que pone en marcha la operación de lavado de imagen”, con el que “la señora Igual pretende una huida hacia adelante”, que “tendrá gravísimas consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Santander”, ha concluido.