Tras la visita del presidente Sánchez a Cataluña, recibido con todo el protocolo reservado a los grandes dignatarios, con guardia de honor de los Mossos de escuadra y donde solo faltó una banda de música entonando Els Segadors, se ha hecho todo tipo de alabanzas a la apertura de un diálogo, con el aperitivo de nuevas aportaciones económicas, subyaciendo el compromiso de negociar un referéndum y el indulto de los encarcelados que afirman volver a realizar lo mismo sin cejar en sus intentos de independencia.

Los actuales dirigentes catalanes han buscado por todos los medios posibles forzar las leyes, incluso adoptar a su conveniencia las decisiones de un Tribunal Constitucional que en ocasiones cuestionan y en otras se apoyan para lograr sus intereses. Durante los últimos años ni la Generalitat ni su presidente se han dedicado a gobernar, sino a enfrentar a los ciudadanos, y ahora buscan una mayoría más cómoda convocando nuevas elecciones. Si la solución del problema pasa por nuevas cesiones, su reconocimiento como nación y transferir nada más y nada menos que las competencias de Justicia para que sean solo ellos quienes juzguen lo que es correcto, no es que estamos soñando, es que deliramos.

Una generación de catalanes ha sido formada bajo la creencia de que son diferentes, con una historia falseada amparada en competencias educativas que han servido para ese adoctrinamiento, y donde ser un buen catalán implica la imposibilidad de sentirse a la vez, español. De esta forma ha surgido un clima de crispación social, dentro y fuera de Cataluña que, entre otras cosas, ha conducido a la huida de múltiples empresas e inversores, y ha dañado gravemente su economía, la imagen exterior de la justicia española y del país en su conjunto.

El precio que estamos pagando por esta política suicida de cesiones a costa de otras autonomías y del desmembramiento del sentido histórico de España es tan grave, que la solución, incluso aplicando medidas correctas, tardará generaciones en enmendarse y entretanto estaremos condenados al continuo desafío. Nos encontramos con una sociedad dividida, donde los odios afloran. El problema de la fractura social, se ha trasladado también al conjunto del país, donde cabría pensar que, en el supuesto de un referéndum a escala nacional, podría surgir una sorpresa aún mayor.

Pero nada importa ni a quienes pretenden la independencia, ni parece que a quienes hoy dirigen el país, que en su afán por mantener el gobierno, buscan un entendimiento lleno de cesiones, aunque sean fuente de futuros problemas mayores.

Hay que dialogar, según dicen. Bien está, pero ¿de qué?. ¿De reconocer la soberanía?, ¿de autorizar un referéndum?, ¿de indultar a quien se han saltado la ley?. Lo primero, sería ratificar la desmembración y varios siglos de convivencia. Lo segundo, legitimar algo que está al margen de la Constitución y de cualquier legislación internacional. Lo último, conduce a reconocer la insolvencia de nuestros tribunales. Y si no se dialoga, ¿cual es la alternativa, para evitar un continuado desafío y chantaje económico?.

Ante esta disyuntiva, un gobierno responsable no tiene más salida que hacer frente con toda firmeza  a lo que signifique la destrucción de España y su historia, legitimar sus tribunales, y defender los derechos de todos los españoles, incluida la mitad de los catalanes que hoy están marginados o sometidos al independentismo. Porque gobernar no consiste en dialogar, sino en tomar decisiones, aunque aquí se nos llena la boca con el diálogo como bandera, sin decisión tomar alguna, con la mirada puesta en los presupuestos del Estado. Hemos llegado a un punto  que recuerda la escena de los cómicos Cruz y Raya como socorristas en la playa, debatiendo sobre la toma decisiones: “a ver si me entiende, si hay que ir se va, pero ir para nada...“ y entretanto la víctima ahogándose.