Cantabria aprueba su Ley de Transparencia que mejora la efectividad de la norma nacional e incluye un régimen sancionador

El Parlamento regional ha aprobado por unanimidad la Ley de Cantabria de Transparencia de la Actividad Pública, que ha impulsado el Gobierno autonómico "por convicción política" y por ser un "requisito imprescindible de la acción de gobierno".

Así lo ha resaltado el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en la celebración del Pleno de esta mañana, y ha defendido además la necesidad de la nueva norma autonómica para adaptar la Ley nacional a la realidad de la región y mejorar su efectividad.

Al mismo tiempo, ha destacado que la legislación cántabra es un "avance" sobre la norma estatal, tal y como ha subrayado la propia Agencia Española de Protección de Datos, al clarificar cuestiones en el acceso a la información pública, el marco de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y resolver las obligaciones de publicidad activa con determinados supuestos no incluidos en el marco nacional, respecto a los saldos bancarios y las agendas institucionales de los gobiernos autonómico y local.

De la Sierra ha explicado que la Ley somete a las obligaciones de transparencia, no solo a la administración pública y sus entes, sino también a los prestadores de servicios públicos y a las personas que ejerzan potestades administrativas, los adjudicatarios de contratos del sector público, los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las asociaciones y fundaciones privadas que se financien con fondos públicos, a partir de ciertos umbrales.

Régimen sancionador ante incumplimientos

Incluye, además, la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria como órgano que actuará con independencia orgánica y funcional y establece los mecanismos adecuados para que "la nueva cultura de la transparencia no quede en una mera declaración de intenciones". Por eso, ha apuntado el consejero, se establece un régimen sancionador, que persigue "garantizar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la transparencia pública".

La entrada en vigor será a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), de manera que, toda la información que se prevé publicar, esté disponible en formatos accesibles y reutilizables y dé tiempo a realizar los oportunos cursos de formación, tanto a los sujetos obligados como a los empleados públicos. En su caso también permitirá hacer las oportunas campañas de promoción.

"Es una buena ley, que garantiza mejor los derechos de los ciudadanos a conocer la gestión pública y, consecuentemente, ayuda a mejorarla, a gobernar mejor", ha subrayado el consejero, para quien las enmiendas que han llegado al Pleno, "legítimas y lógicas", "en pocos aspectos ponen en cuestión la ley" que impulsó el Gobierno cántabro.

Por eso, ha considerado que "estamos ante una buena ley en términos generales" y "cumple de sobra el objetivo", que es, a su juicio, "desarrollar la Ley de transparencia y hacer que sea una realidad en Cantabria en el ámbito de la gestión pública".