Cantabria participa en un estudio europeo sobre protección de consumidores que advierte de que la mitad de los comercios en línea de segunda mano incumple la normativa
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha participado en la elaboración de un estudio liderado por la Comisión Europea y en colaboración con el resto de autoridades nacionales y autonómicas de protección de consumidores de 25 estados miembros de la Unión, junto con Islandia y Noruega, en la que se advierte de que la mitad de los comercios en línea de segunda mano analizados incumple la normativa de protección al consumidor en aspectos como la vulneración de la transparencia en la información y los derechos de desistimiento y devolución.
La investigación, que forma parte de la labor de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) a la hora de hacer cumplir las normativas de la Unión Europea (UE) sobre derechos de los consumidores a través de las directivas sobre los derechos de los consumidores, el comercio electrónico y las prácticas comerciales desleales, ha evaluado las prácticas de 365 comerciantes en línea de productos como la ropa, los dispositivos electrónicos y los juguetes, detectando que el 52% de estos comercios podrían estar vulnerando la normativa de la UE en materia de derechos del consumidor.
Entre los sectores más afectados por estas irregularidades, se encuentra la venta de ropa, accesorios, dispositivos electrónicos, juguetes, libros, electrodomésticos, mobiliario, artículos deportivos, piezas de repuesto, vehículos de segunda mano, bicicletas y productos de jardinería, entre otros.
Ente los principales hallazgos detectados, el estudio revela que el 40% de los comercios analizados no informa de manera clara sobre el derecho de desistimiento, que permite a los consumidores devolver un producto en un plazo de 14 días sin necesidad de justificación ni coste adicional.
Además, el 45% de todos ellos no comunica de manera adecuada el derecho a la devolución de productos defectuosos o que no se ajusten a lo anunciado y el 57% no respeta el periodo mínimo de garantía legal de un año para productos de segunda mano.
En este último caso, el Gobierno de Cantabria recuerda que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha dado la razón este año a la Consejería de Comercio en una demanda interpuesta por una empresa por una avería de un producto de segunda mano que se encontraba dentro de la garantía legal establecida por la normativa vigente.
En lo que se refiere a las afirmaciones ecológicas en sus sitios web, el 34% de los comercios analizados las incluye, pero dentro de este grupo, el 20% no las justifica suficientemente y el 28% proporciona información engañosa o potencialmente desleal.
Por otro lado, el estudio comunitario revela que un 5% de los vendedores no proporciona correctamente su identidad y un 8% no declara el precio total del producto, incluidos los impuestos.
Ante tales resultados, las autoridades de protección del consumidor evaluarán ahora la posibilidad de adoptar medidas contra los comerciantes que podrían estar infringiendo la legislación, de acuerdo con los procedimientos nacionales.
Además, la nueva Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, una vez incorporada en las legislaciones nacionales, reforzará los derechos de los consumidores en relación con la durabilidad y reparabilidad de los productos, además de combatir el blanqueo ecológico y la obsolescencia prematura.
Toda la información relevante para comerciantes y consumidores se puede consultar en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y Linkedln).

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