El PP critica la discrecionalidad del Gobierno de Cantabria en la concesión de subvenciones con cargo al 0,7%
El Partido Popular ha criticado la discrecionalidad del Gobierno de Cantabria en la concesión de las ayudas a entidades sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Isabel Urrutia ha censurado que el comité de valoración encargado de la convocatoria de las subvenciones del 0,7% del IRPF cambiase los criterios respecto a la reformulación -que es el derecho del posible beneficiario de una subvención a replantear una solicitud para ajustarla a la cantidad concedida sin tener que renunciar a ella- cuando las entidades sin ánimo de lucro ya habían presentado las reformulaciones a los programas de interés social. Un “cambio en las reglas de juego” que dejó a las entidades solicitantes en una situación de indefensión y falta de garantías, según ha dicho.
La diputada regional ha explicado que la Administración cambió el 20 de noviembre “en un despacho de General Dávila, unilateralmente y sin transparencia” el criterio de valoración que había fijado en las bases de la convocatoria para las reformulaciones, cuando ya sabía a quién se le había otorgado el dinero, la cantidad y para qué programas, puesto que la resolución provisional de las subvenciones se había publicado el 14 de noviembre.
Esto ha ocasionado que 23 de las 69 entidades de la región que se presentaron a la convocatoria viesen denegadas el 14 de diciembre sus reformulaciones o alegaciones a la resolución provisional, sin que se les haya dado una explicación. De hecho, en el año 2017 sí se admitieron esas reformulaciones y en 2018 no, y las bases son las mismas, la orden es la misma y la reformulación estaba permitida en las bases y en la orden de convocatoria, según ha explicado la diputada del PP.
Urrutia ha lamentado que por primera vez no puedan realizarse muchos de los programas de interés social que llevan años haciéndose con cargo al IRPF. “Han dejado a 23 entidades con 57 proyectos fuera de la posibilidad de implantar los programas”, ha dicho, y ha citado como ejemplo programas como el comedor social; alojamiento temporal a personas sin hogar; atención y ocio para personas con síndrome de down; prevención a menores en conductas adictivas vinculadas al juego online; apoyo al estudio a menores de familias desestructuradas; o promoción de la autonomía de personas con discapacidad intelectual, entre otros.
Por ello la parlamentaria del PP ha registrado una moción, que se debatirá en el pleno del lunes 18 de febrero, en la que se insta al Gobierno a aprobar las reformulaciones presentadas por las entidades a la resolución provisional de las ayudas, cuando cumplan con los requisitos de las bases reguladoras y de la orden de convocatoria, dejando sin efecto los criterios de valoración aprobados por el tribunal calificador con posterioridad, el 20 de noviembre de 2018.
También pide que la próxima convocatoria de estas subvenciones recoja la posibilidad de reformulación en las mismas condiciones y con los mismos criterios que la convocatoria del año 2017, previa negociación con las entidades del sector.
Y finalmente la iniciativa del PP insta a que la convocatoria de 2019 se publique en el plazo máximo de 10 días desde que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia (o el órgano en quien delegue) apruebe la distribución y los criterios de convocatoria, puesto que según ha recordado Urrutia, el Gobierno tardó en 2018 dos meses y medio en publicar la convocatoria y las entidades tan solo tuvieron diez días para presentar sus proyectos de programas.
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